El 19 de julio de 1936 comenzaba la Guerra Civil Española. Un golpe militar, inscripto bajo el avance del fascismo en Europa, tolerado por las democracias occidentales, que prefirieron “dejar actuar a Franco” que aceptar la existencia de una España “Roja”. Una acción brutal, contra un gobierno legítimamente electo y un pueblo, sin los recursos suficientes para enfrentarlo con éxito. Esta situación revolucionaria no era novedad. Importantes movimientos insurreccionales (1909-1917-1934), protagonizados principalmente por los trabajadores y los campesinos, ya habían irrumpido con fuerza en la vida nacional.
A las cuatro y cuarto de la madrugada se subleva el grueso de la guarnición de Barcelona, como lo hicieran el día anterior las tropas en Marruecos, plazas de la Península y las Islas Canarias. Los insurrectos intentan tomar los puntos estratégicos de la ciudad, pero fracasarán por la resistencia de elementos civiles, pertenecientes en su mayoría a los sindicatos CNT-FAI, -cuyo Comité de Defensa hace sonar las sirenas de todas las fábricas de Barcelona llamando a sus afiliados a empuñar las armas- la Policía de Asalto y la Guardia Civil, leales a los gobiernos de la Generalitat y de la República.
2º día del XI Congreso del PSC, con la asistencia 1.324 delegados. Este Congreso reafirma 30 años de partido. El 1er secretario, José Montilla, ha remarcado que el partido es fuerte, amplio y abierto, pero que tiene que mejorar mas la capacidad de representación, de relación y de movilización social, para interpretar permanentemente la realidad social, las ambiciones y las expectativas de los ciudadanos.
El PSC plantea en este Congreso una reforma del Estado más federal que la del propio PSOE, pero en los asuntos religiosos es mucho más cauto, menos atrevido. En el reciente Congreso del PSOE, se aprobaron resoluciones a favor de retirar la simbología religiosa del espacio público y de los actos oficiales, ( si bien se rechazó revisar los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, como pedían algunas de las enmiendas que se debatieron) y se abogó por impulsar desde el Gobierno central una ley de plazos sobre el aborto y abordar para más adelante el debate sobre la eutanasia, dos aspectos que cuentan con la firme oposición de la jerarquía católica.
En la ponencia oficial que se está debatiendo en este congreso, se plantea una ambiciosa reforma del Estado en el sentido federal --con cambios en el Senado y la descentralización del poder judicial--, pero en los asuntos religiosos sólo se habla directamente de laicidad en lo relativo a la educación, aunque se han presentado enmiendas partidarias de avanzar hacia el laicismo.
