Las corridas de toros No. Si los «correbous» -toros embolados o ensogados- que listos y “humanitarios” son los de la plataforma Prou!

Como se recordará, el Parlamento catalán dio luz verde a la tramitación de la ILP por una ajustada diferencia: 67 votos en contra de las corridas de toros en Barcelona, 59 a favor y cinco abstenciones. La mayoría de los diputados del PSC votaron a favor de la Fiesta, aunque en secreto, en un intento de poner sordina a la división. ERC e ICV apoyan la ILP.

La decisión del PSC de renunciar al voto secreto y apoyar en bloque la continuidad de las corridas de toros en Cataluña pone de manifiesto una vez mas, el camaleonismo político de este partido, que no duda inicialmente en dar libertad de voto, -asi contenta a las enconadas posiciones de sus militantes divididos en esta cuestión- y después visto el resultado cierra filas y anuncia que será la dirección quien tomará la decisión final. Esto sin embargo no da satisfacción a cantidad de gente del partido, aunque solo algunos se han atrevido a decirlo como el concejal y primer secretario del PSC de San Cugat; igual no se había enterado de la consigna del silencio, y seria bueno seguir el caso para ver si es represaliado. Las Juventudes del PSC que también están como colectivo por la prohición si han tomado nota y se han quedado mudas.

El PSC no quiere quedar como responsable de una prohibición que cada día está siendo contestada, por catalanes nacidos en Catalunya, y catalanes que lo somos por derecho y porque llevamos toda la vida aportando nuestro esfuerzo en esta tierra; la oposición a que se prohíba esta tomando dimensión internacional, como muestra el grupo de 133 políticos franceses, la mayoría del sur del país, que enviaron una carta a los 135 diputados de la Cámara catalana en la que "sin ánimo de meternos donde no nos llaman", dicen, les instan a "preservar los valores de libertad individual, de contraste de opiniones y de respeto a los gustos, aficiones y tradiciones culturales de cada uno". "A nosotros nos gustaría que rechazaran esta prohibición", concluyen.
Los políticos, entre los que figuran el presidente del Consejo General de los Pirineos Orientales, los 42 alcaldes de las ciudades taurinas del sur de Francia, 22 senadores y 68 diputados, recuerdan en su texto que en su país las corridas con muerte del toro, como en España están permitidas "en las zonas de tradición taurina ininterrumpida". "Es el caso del sur de Francia, donde en muchas localidades los toros representan uno de los espectáculos más multitudinarios del calendario festivo y una de las manifestaciones de catalanidad más importantes", precisan.
La carta destaca que "el Estado no debe erigirse en tutor de los ciudadanos imponiendo tradiciones o prohibiciones". "La norma debe ser el respeto a la diferencia y a la voluntad individual", dicen. Y añaden: "Si los toros dejan de gustar a una sociedad, se dejarán de organizar corridas y desaparecerán de forma natural". Este argumento, entre otros, es el que defienden la Federación de Entidades Taurinas y la Plataforma en Defensa de la Fiesta.

En el fondo de lo que se trata es que al margen de los prohibicionistas por convicción, la historia va de la mano del pulso que el sector de población independentista en Catalunya, mantiene contra el resto del Estado, que ellos llaman España. Para estas personas la prohición es una baza más para imponerse, para ganar. Lo plantean como una estrategia de batalla; por eso CiU –que no es la formación política más beligerante en este tema- dio libertad de voto a sus diputados porque la ILP de la plataforma «Prou!» exime de la prohibición a los «correbous» -toros embolados o ensogados-. Fuentes nacionalistas reconocen que, de haberse incluido estos espectáculos, abundantes en muchos lugares de Catalunya, habrían votado en favor del «no» o la abstención.

Nacionalismo e independentismo en Catalunya

Veloz progreso hacia el pasado

Diario El País. Félix de Azúa 19/12/2009

Uno de los muchos vizcaínos huidos de la represión política vascongada y que vive en Cataluña desde hace 30 años me contaba la semana pasada lo siguiente. Tiene él un amigo, excelente profesional y persona bien situada, que adolece de un profundo sentimiento nacional y es separatista desde sus años universitarios. Ello no ha impedido en ningún momento que se lleve bien con el vasco, persona más bien escaldada en ese terreno y poco dada a la expansión patriótica. Sin embargo, según me dijo, el tono de las conversaciones ha ido variando a lo largo de este año que ahora termina. En su último encuentro, el educado ciudadano catalán le había dicho con gesto ufano que la independencia sería inevitable en un plazo de seis años y que tal era el cálculo de los partidos nacionalistas, no sólo los fanáticos y el de la derecha católica, sino también buena parte de los socialistas catalanes acomodados.

Mi amigo tragó saliva y le preguntó si había planes, también, para ellos. "¿Para quiénes?", preguntó el separatista. "Para los españoles que vivimos en Cataluña". "¡Oh, por supuesto! Tendréis 20 años para elegir". Mi amigo insistió, con una sonrisa, sobre qué era lo que tendría que elegir. Su colega dejó escapar una alegre carcajada, le dio unas palmaditas en el hombro y se fue hacia otra mesa.

Hay en Cataluña una masa significativa, quizás en este momento en torno al 20% de la población, que piensa muy seriamente como el caballero separatista y ocupa lugares estratégicos del sistema económico, mediático y político catalán. La cifra se ha multiplicado durante el Gobierno de Zapatero, precisamente por lo comprensivo que ha sido con las exigencias separatistas. Como saben bien quienes han conocido las peores etapas vascas, las concesiones sólo sirven para estimular las exigencias porque siempre se interpretan como debilidad. La consigna nacionalista dice que fue la intransigencia de Aznar lo que multiplicó a los separatistas, pero lo cierto es que ha sido Zapatero quien ha construido a Montilla y con Montilla llegaron los referéndums soberanistas. ¿Que no son vinculantes y que no llevan a ningún sitio? ¡Menuda simpleza! La política pública (otra cosa son los negocios subterráneos) es exclusivamente mediática y para los medios nacionalistas (que aquí son (casi) todos) Cataluña ya se ha volcado en la secesión.

Lo peligroso de la independencia no es el hecho en sí. ¿A quién le importa que de la noche a la mañana aparezcan en el mapa Macedonia, Croacia o Kosovo? Lo inquietante es el tipo de poder que se instala en esos reductos. Las "nacionalidades" de nueva creación son productos etiquetados con el sueño de una idealización, y el peso de su publicidad (en ausencia de guerra, las naciones se venden como mercancías) descansa sobre mitos o sobre sucesos que tuvieron lugar hace siglos. Como no puede ser de otro modo, los nacionalismos son muy conservadores, están anclados en el pasado y tienen una sólida base burguesa. Cada paso hacia la independencia trae consigo colosales negocios locales. Así es el nacionalismo franquista, el lepenismo francés, el de la Liga Norte o el de los xenófobos septentrionales.

Nadie ha conocido jamás un nacionalismo obrero. Frente a esta evidencia, los separatistas suelen aducir el nacionalismo de las viejas colonias como Cuba o Argelia y sus derivados tipo Chávez. Me parece más prudente no pisar ese charco de sangre.

El neonacionalismo actual, como el catalán o el vasco, pertenece al conjunto de presiones derechistas que quieren acabar con los restos cívicos de la Transición. Es un regreso a la sociedad pre-democrática controlada por los poderes feudales regionales mediante la secular alianza del campesinado con la oligarquía. De ahí la importancia que tiene entre los separatistas la palabra "pueblo" y la escasa atención que dan al término de "ciudadano". De ahí también la constante animización mágica del catastro, "Cataluña exige, Cataluña ha dicho, Cataluña ha decidido...", o la obsesión con el folklore inventado por las élites regionalistas del romanticismo. Y no es de extrañar que el primer referéndum independentista del pasado domingo se celebrara en un pueblo de 120 habitantes. Su independencia es ontológica, o sea, no tiene remedio. Es el símbolo supremo de la nación añorada: agraria, montañesa, minúscula, la puede gestionar un párroco.

Ahora bien, la independencia real, lo que suele denotarse con el término "soberanía" que tanto usan los nacionalistas catalanes, significa asumir la plena capacidad legal para declarar el estado de excepción, según la clásica definición de Carl Schmitt. Son muy recomendables las reflexiones de Giorgio Agamben comentando a Walter Benjamin sobre este punto en el recién traducido El poder del pensamiento (Anagrama). Suspender la legalidad vigente de modo legítimo es lo propio del soberano, sea éste una persona o una institución. De hecho, los nacionalistas de Montilla ya están legalizando a toda prisa un Tribunal Constitucional catalán para cuando suspendan la Constitución española.

No sabemos, de todos modos, si estos soberanistas están dispuestos a plantear el estado de excepción prescindiendo de un Ejército de respaldo y contando tan sólo con la presión mediática y económica. Se han dado escisiones pacíficas, como la de la nación llamada Eslovaquia, y es posible que un proceso semejante pueda aplicarse en el futuro a Chipre para separar a turcos de helenos, pero creo dudoso que sirva para España, aunque sólo sea porque en otras regiones hay un nacionalismo español tan radical como el catalán o el vasco y de similar ideología. Es cierto que está permanentemente controlado y apenas representa peligro alguno, pero dudo de que se quede sentado mirando la tele cuando se le arranque una cuarta parte de lo que él considera que es su nación.

En cambio, el caso vasco lleva camino de emprender otro derrotero mediático a partir de la expulsión del PNV de los resortes económicos del Gobierno autonómico, aunque no de todos. Allí, los socialistas han tomado una posición coherente con la tradición de la izquierda europea y, de momento, mucha gente respira aliviada por primera vez desde hace medio siglo. La peculiaridad del caso catalán es que el partido socialista (que escribe su logo con esta grafía: psC para subrayar que son más catalanes que socialistas) era el órgano que debía corregir la deriva conservadora, constituida en verdad como un movimiento nacional en consonancia con la herencia rural y oligárquica del nacionalismo catalán. Sin embargo, y contra toda la herencia ilustrada, progresista o revolucionaria del partido, los socialistas catalanes (en realidad, tan sólo su acomodada cúpula dirigente) han asumido en los últimos cinco años los mitos del nacionalismo conservador y rural, su lenguaje se ha vuelto casi exclusivamente sentimental y apenas se distingue del de sus socios separatistas.

Este giro derechista del socialismo catalán, no obstante, parece compartido por el Gobierno de Zapatero, cuya errática e improvisada política va deslizándose paulatinamente hacia posiciones de una irracionalidad incompatible con la experiencia del socialismo europeo. Un populismo, una obsesión por el espectáculo, una cerrazón sectaria, una frivolidad moral, que han otorgado fuerza inesperada a las oligarquías regionales sin obtener absolutamente nada a cambio. Este periodo de gobierno socialista se cerrará con tan sólo dos leyes que puedan considerarse más o menos progresistas: la que permite el aborto de las adolescentes sin permiso paterno y la que concede el matrimonio a las parejas homosexuales. Las pérdidas, como es evidente, tienen otro monto. El balance es desolador.

Quién nos iba a decir a quienes fuimos votantes del socialismo catalán que algún día sentiríamos envidia del País Vasco. Y quién nos había de decir que serían los socialistas catalanes quienes precipitarían en el descrédito al socialismo español.

Medidas contra la crisis. El gobierno del PSC-PSOE propone incrementar el coste de la luz hasta un 7%

La propuesta del Ministerio de Industria es incrementar la luz hasta un 7% el próximo mes de enero. En la actual situación económica lo que menos necesitan los consumidores es sufrir incrementos de ese tipo en bienes tan esenciales como la electricidad. La situación es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que en lo que llevamos de año la electricidad se ha incrementado ya más de un 5%.

La propuesta se produce en un momento en el que la inflación, presumiblemente, presentará a finales de año un ligerísimo incremento, muy alejado del 7%, con lo que, teniendo en cuenta que el IPC es la referencia general para revisar los salarios, se volverá a producir una importante pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias.
Tampoco hay que olvidar, además, que un incremento así afectará a todos los usuarios, también a aquellos que se encuentren en situaciones más precarias, que, por supuesto, también necesitan utilizar electricidad. Una vez más, parece que se ha elegido a los consumidores como paganos de la actual situación del mercado energético, y de lo que sea. Subir la luz para evitar el gasto es indecente, pero algunos que viven de la etiqueta socialista, hace tiempo que lo son.

Haidar regresa a El Aaiún

Aminetu Haidar regresa al Sáhara, a su casa en El Aaiún tras 32 días en huelga de hambre. Ha salido a las 22.23 (hora canaria) del aeropuerto de Lanzarote. A esa hora, el avión medicalizado enviado por el Gobierno español ha levantado el vuelo rumbo a El Aaiún tras 32 días en huelga de hambre.

"Esto es un triunfo, una victoria del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos, la justicia internacional y la causa saharaui". Con estas palabras dichas con un inaudible hilo de voz, una agotada Aminetu Haidar puso el punto y final a su reivindicación desde la entrada del hospital de Lanzarote, donde pasó su último día. Ella apareció sentada en su silla de ruedas, muy debilitada, pero sonriente. Envuelta en una manta azul y blanca y con su inevitable melfa, Haidar dedicó tres minutos a despedirse. "Felicidades a la sociedad civil, a la plataforma, a todos los medios que nos han apoyado, muchas gracias por vuestra presencia permanente", ha dicho la activista.

Haidar, la primera víctima del recorte de la justicia universal en el estado español

Lo que muchos se temían tras la rebaja de la jurisdicción universal aprobada el pasado 15 de octubre por el Parlamento está ocurriendo. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ve indicios de delitos de lesa humanidad en la actuación de Marruecos con la activista saharaui Aminatou Haidar, que está en huelga de hambre desde el pasado 16 de noviembre; protesta iniciada en el aeropuerto de Lanzarote.

Pese a ver esas evidencias, el magistrado no puede investigarlas. Se lo impide "la reciente reforma operada" en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, señala Velasco en la resolución en la que devuelve la denuncia de Haidar a los Juzgados de Arrecife (Lanzarote).
La nueva ley sólo permite actuar si hay víctimas o acusados españoles
Según el juez de la Audiencia Nacional, la reforma de la jurisdicción universal, que se introdujo de tapadillo en la modificación legislativa necesaria para poner en marcha la oficina judicial, deja a "la Justicia española en su vertiente internacional" sin la "posibilidad de entrar" en la averiguación de los delitos que hayan podido cometer las autoridades marroquíes.
Y eso que en el relato de hechos que Haidar hizo en la denuncia que presentó el pasado 15 de noviembre, el juez ve indicios de varios delitos: denegar a una persona una prestación a la que tenga derecho por razones ideológicas, religiosas o étnicas; obstaculizar la asistencia de un abogado; prevaricación y secuestro.
El juez explica que la reforma "acaba de decidir" que los delitos de lesa humanidad "sólo serían perseguibles" por los tribunales españoles si sus presuntos responsables son españoles o se encuentran en España, si hay víctimas de esta nacionalidad o si existe algún vínculo de conexión relevante con nuestro país.

El magistrado describe cuatro delitos que pudo cometer Marruecos. En el caso de Haidar, los denunciados son policías marroquíes (el jefe provincial de Policía, el jefe de Policía judicial, un oficial de la DST la policía secreta marroquí, otro del Departamento de Asuntos Generales...); la denunciante tampoco es española; y no hay vínculo de conexión relevante con España, "en lo que se refiere a meras consideraciones de carácter jurídico-penal", precisa el auto.

Para entender la decisión de Aminetu Haidar y la complicidad de los gobiernos de España y Marruecos