El abogado murciano José Luis Mazón, que representa a un ciudadano catalán en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Vic (Barcelona), ha recurrido una providencia en la que se le comunica que deberá pagar la traducción al castellano de los documentos que necesita para defender a su cliente, ya que están redactados exclusivamente en catalán.
El asunto judicial es un procedimiento ordinario de una demanda civil. La batalla de la lengua se sitúa en los juzgados de Cataluña en lo referido a causas civiles, puesto que en la vía penal aún es obligatoria la traducción de oficio.
En una providencia del Juzgado se dice que, «dado que las actuaciones se siguen en partido judicial perteneciente a la Comunidad Autónoma de Cataluña…se puede oficiar a Seprotec (Traducciones Técnicas-Juradas, Intérpretes), a efectos de realizar la traducción solicitada, pero informando al solicitante de que tal traducción sería a su costa, para lo cual sería presentado por tal institución, previamente, un presupuesto».
Para José Luis Mazón, «el resultado práctico final es que nos echan a los abogados españoles de los juzgados radicados en Cataluña porque supone un considerable incremento el coste de llevar letrado que no hable catalán».
La empresa de traducciones cobra, según el abogado, 40 euros por folio traducido. Y añade Mazón: «Muchos procesos pueden tener 1.000 o más folios; eso serían unos 40.000 euros más o menos de coste al precio actual de la traducción jurada en el mercado, a repercutir al cliente».
El abogado murciano ha denunciado esta discriminación al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo General de la Abogacía Española, y manifiesta que «esta imposición ligüística es increíble, porque vulnera lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que se procederá de oficio a la traducción si se alega indefensión por desconocer el idioma».
