La cascada de averías, incidentes y los errores que propiciaron la fuga radiactiva han hecho mella en las nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona), propiedad de Endesa e Iberdrola. Los contratiempos forzaron el parón de los tres reactores durante 114 días, de forma intermitente, a lo largo de 2008.
Ambas plantas arrastran casi una década de recortes que empezaron en 1999, cuando el Gobierno culminó la privatización de Endesa. Los ecologistas ven en esos recortes el origen de los incidentes en las centrales, principalmente el escape radiactivo (en Ascó I) y el incendio en una zona no nuclear (en Vandellòs II).
A los fallos técnicos -desajustes en válvulas, pérdidas de control en la maquinaria del reactor- se añade la impericia del personal, al parecer la fuga de Ascó, ocurrida en noviembre de 2007 y oculta hasta abril de 2008, fue fácilmente evitable. Sucedió porque empleados inexpertos vertieron un bidón en la piscina radiactiva. Y otro no recalibró la alarma que detecta radiación.
El PSC valora la noticia en términos económicos
Francesc Valles, el diputado del PSC por Tarragona, portavoz del Grupo PSC-PSOE en la ponencia del Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso de los Diputados, ha valorado con “gran satisfacción” el anuncio echo por el Ministerio de Industria, de la imposición de un conjunto de sanciones por un valor de 15,39 millones de euros. Valles señala enfáticamente que “el Gobierno ha actuado con gran contundencia y no se le ha movido el pulso a la hora de sancionar”. A la vista del tiempo transcurrido, la reacción del diputado responde mas a un acto defensivo y de cerrar filas con el gobierno, que con un ajuste con la realidad.
De hecho esta acusada falta de respuesta, mas de un año desde el incidente, parece tiene que ver con la visión industrialista del PSC, que tiende a disculpar los errores ligados a los ”procesos de crecimiento”. Eso se pone de manifiesto cuando el mismo diputado señala, que su Grupo velara para que parte del dinero de las sanciones pueda destinarse a sufragar nuevas inversiones , en la comarca de La Ribera del Ebro, eludiendo cuestiones de seguridad.
Colectivos ecologistas, Greenpeace y buena parte de la ciudadanía, considera "ridícula" la sanción
De "ridícula" es considerada la sanción de 15,39 millones de euros impuesta por el Ministerio de Industria a Endesa por la fuga de partículas radiactivas ocurrida en 2007 en la central nuclear de Ascó I (Tarragona) en 2007, y que no fue notificada hasta abril de 2008; escandalosa, en comparación al dinero que la central ganó mientras siguió funcionando; aún sabiendo que había partículas en la zona “se realizaron visitas con escolares".
Greenpeace ha criticado que los niveles de radiactividad plasmados en el expediente son "muy inferiores" a los que realmente se alcanzaron; la radiactividad, en los meses siguientes a la fuga, era "mil veces superior" a la que finalmente registró el Consejo de Seguridad Nuclear, que "sólo inspeccionó la zona unas pocas semanas".
De haber evaluado los datos reales, la organización ecologista ha señalado que las infracciones hubieran sido "muy graves, en lugar de graves y algunas leves", y la multa podría haberse situado entre los "150 y 250 millones de euros".
"Industria abrió el expediente con datos parciales e incompletos -ha afirmado-, por lo que la multa de 15,4 millones de euros, si además es recurrida, quedará en menos".
Ambas plantas arrastran casi una década de recortes que empezaron en 1999, cuando el Gobierno culminó la privatización de Endesa. Los ecologistas ven en esos recortes el origen de los incidentes en las centrales, principalmente el escape radiactivo (en Ascó I) y el incendio en una zona no nuclear (en Vandellòs II).
A los fallos técnicos -desajustes en válvulas, pérdidas de control en la maquinaria del reactor- se añade la impericia del personal, al parecer la fuga de Ascó, ocurrida en noviembre de 2007 y oculta hasta abril de 2008, fue fácilmente evitable. Sucedió porque empleados inexpertos vertieron un bidón en la piscina radiactiva. Y otro no recalibró la alarma que detecta radiación.
El PSC valora la noticia en términos económicos
Francesc Valles, el diputado del PSC por Tarragona, portavoz del Grupo PSC-PSOE en la ponencia del Consejo de Seguridad Nuclear del Congreso de los Diputados, ha valorado con “gran satisfacción” el anuncio echo por el Ministerio de Industria, de la imposición de un conjunto de sanciones por un valor de 15,39 millones de euros. Valles señala enfáticamente que “el Gobierno ha actuado con gran contundencia y no se le ha movido el pulso a la hora de sancionar”. A la vista del tiempo transcurrido, la reacción del diputado responde mas a un acto defensivo y de cerrar filas con el gobierno, que con un ajuste con la realidad.
De hecho esta acusada falta de respuesta, mas de un año desde el incidente, parece tiene que ver con la visión industrialista del PSC, que tiende a disculpar los errores ligados a los ”procesos de crecimiento”. Eso se pone de manifiesto cuando el mismo diputado señala, que su Grupo velara para que parte del dinero de las sanciones pueda destinarse a sufragar nuevas inversiones , en la comarca de La Ribera del Ebro, eludiendo cuestiones de seguridad.
Colectivos ecologistas, Greenpeace y buena parte de la ciudadanía, considera "ridícula" la sanción
De "ridícula" es considerada la sanción de 15,39 millones de euros impuesta por el Ministerio de Industria a Endesa por la fuga de partículas radiactivas ocurrida en 2007 en la central nuclear de Ascó I (Tarragona) en 2007, y que no fue notificada hasta abril de 2008; escandalosa, en comparación al dinero que la central ganó mientras siguió funcionando; aún sabiendo que había partículas en la zona “se realizaron visitas con escolares".
Greenpeace ha criticado que los niveles de radiactividad plasmados en el expediente son "muy inferiores" a los que realmente se alcanzaron; la radiactividad, en los meses siguientes a la fuga, era "mil veces superior" a la que finalmente registró el Consejo de Seguridad Nuclear, que "sólo inspeccionó la zona unas pocas semanas".
De haber evaluado los datos reales, la organización ecologista ha señalado que las infracciones hubieran sido "muy graves, en lugar de graves y algunas leves", y la multa podría haberse situado entre los "150 y 250 millones de euros".
"Industria abrió el expediente con datos parciales e incompletos -ha afirmado-, por lo que la multa de 15,4 millones de euros, si además es recurrida, quedará en menos".
