Ha sido una característica del movimiento socialdemócrata en la historia de Europa el tener una desarrollada sensibilidad social, consecuencia de su proximidad a las clases trabajadoras (de donde surgió tal movimiento) y que, con el tiempo, fue expandiéndose para responder a las necesidades de otros estamentos sociales tales como las clases medias. Resultado de esta sensibilidad social ha sido el establecimiento en la gran mayoría de países de Europa del Estado de bienestar, siendo este Estado de bienestar la mayor contribución que ha hecho la socialdemocracia al desarrollo humano en los países capitalistas desarrollados. Es cierto que otras tradiciones políticas como la democracia cristiana han contribuido también al desarrollo del Estado de bienestar. Pero ha sido la socialdemocracia la que ha hecho de su establecimiento su objetivo prioritario.En general, estos Estados de bienestar han sido el resultado de una alianza de las clases trabajadoras con las clases medias, diseñando unos servicios públicos (tales como educación, sanidad, servicios de ayuda a las familias, y otros) en los que las clases medias -que por regla general tienen mayores exigencias y expectativas que las clases trabajadoras- se encuentren cómodas. Ello ha requerido un elevado gasto público que garantice la elevada calidad de tales servicios. Su mayor desarrollo ha sido en los países escandinavos y muy en particular en Suecia, país donde la socialdemocracia ha gobernado durante 65 de los últimos 75 años, situación que ha hecho exclamar a más de un observador de aquel país que los suecos son genéticamente socialdemócratas. El mejor indicador de esta amplia aceptación del Estado de bienestar es que, en las últimas elecciones suecas, ningún partido haya pedido la reducción del Estado de bienestar o la disminución de impuestos.
La situación, sin embargo, es muy distinta en el sur de Europa, y muy en particular en España, donde las derechas han sido históricamente muy fuertes y las izquierdas, débiles y divididas. En realidad, en España tal alianza de las clases trabajadoras con las clases medias no se ha cristalizado todavía, lo cual es causa de un Estado de bienestar muy poco desarrollado. Las últimas cifras de Eurostat muestran que el gasto público social como porcentaje del PIB (19,7%) es de los más bajos de la Europa de los Quince (UE-15), cuyo promedio de gasto público social es del 28,2% del PIB. En realidad, España gasta sólo el 60% del gasto público social por habitante de la UE-15, y ello a pesar de que nuestro PIB per cápita es el 90% del promedio de la UE-15. Ello muestra que España gasta mucho menos en su Estado de bienestar de lo que le corresponde por el nivel de riqueza que tiene.
Este bajo gasto público explica la segunda característica del Estado de bienestar español, que es su polarización social de manera tal que las clases medias de renta alta así como los sectores más pudientes de la sociedad utilizan, en general, los servicios privados (la enseñanza privada y los servicios sanitarios privados), mientras que son predominantemente las clases populares (clase trabajadora y clase media de renta media y baja) las que utilizan los servicios públicos. Tal polarización social, por cierto, no beneficia ni a las clases más pudientes ni a las clases populares pues, aun cuando la sanidad privada, por ejemplo, puede ser, en ocasiones, mejor que la pública en el confort (una cama por habitación), en la capacidad de elección y en el trato personal, la sanidad pública es mejor que la privada en la calidad del personal y en la riqueza de la infraestructura técnica. Lo que se requiere es una sanidad pública multiclasista que mantenga la alta calidad ya existente, mejorando considerablemente su confort, tanto el de los pacientes como el de sus profesionales (entre los peor pagados de la UE-15). Pero ello requiere un gasto público mucho mayor. El gasto público sanitario per cápita de España es el más bajo de la UE-15.
Esta polarización social se da en mayor grado en Cataluña, que ha estado gobernada por las derechas durante la mayoría del periodo 1939-2006, primero por una dictadura nacionalista española ultraconservadora y después, durante 23 años, por un Gobierno nacionalista catalán conservador democráticamente elegido, Gobierno que sistemáticamente favoreció los servicios privados (tanto la escuela privada concertada, gestionada en su mayoría por la Iglesia catalana, como la sanidad privada) a costa de los servicios públicos. En contra de lo que se creía en el resto de España, la Cataluña social no estaba mejor, sino que, en muchas áreas, estaba peor que el resto de España. Durante muchos años, los médicos y otros profesionales sanitarios, por ejemplo, estaban entre los peor pagados de España. Tal polarización social, reproducida en la dicotomía servicios privados versus servicios públicos aumentó considerablemente durante el periodo de alianzas PP-CiU (1996-2003), cuando se siguieron unas políticas de austeridad social que determinaron que el déficit de gasto público social por habitante de España con el promedio de la UE-15 aumentara el 24%. En sanidad tal déficit aumentó el 30%.
En el año 2003, y por primera vez en la historia de Cataluña de los últimos 70 años, un Gobierno de izquierdas fue elegido con un programa (el Pacto del Tinell) claramente socialdemócrata. Incluía entre sus propuestas el alcanzar en dos legislaturas el nivel y el gasto público social como porcentaje del PIB del promedio de las regiones y de los países europeos de igual nivel de desarrollo económico. El gran incremento del gasto social del Gobierno tripartito mostró la realización de tal compromiso, acompañado este aumento del gasto público social de cambios muy significativos en las distintas áreas sociales. En sanidad, por ejemplo, se prohibió que los médicos trabajaran sólo 2,5 horas al día, poniendo como un mínimo unas seis horas; se favoreció la dedicación exclusiva de los médicos al sector público mejorando sus condiciones de trabajo y sus salarios, que pasaron a estar entre los más altos de España. En educación se prohibió que las escuelas privadas concertadas discriminaran en contra de hijos de la clase trabajadora e inmigrantes, y en vivienda se hizo la propuesta más ambiciosa que nunca se hubiera hecho en Cataluña antagonizando intereses inmobiliarios. Todas estas medidas crearon numerosas resistencias por parte de los grupos sociales y poderes fácticos afectados por tales medidas, despertando una gran hostilidad, transmitida a través de los medios de información conservadores, que son la mayoría en Cataluña (incluyendo la televisión y radio públicas de la Generalitat, escasamente reformadas), que intentaron crear la imagen de un tripartito fracasado, imagen que a veces se transmitió incluso entre sectores de la izquierda española poco conocedores de la realidad catalana.
A esta resistencia a la continuación de este Gobierno tripartito se ha añadido ahora otra de orientación nacionalista española que basa su oposición en el hecho de que tal Gobierno incluye un partido independentista. Varios dirigentes socialistas españoles han indicado recientemente que preferirían un Gobierno catalán nacionalista conservador a un Gobierno catalán de izquierdas con un partido independentista, anteponiendo así su nacionalismo español a un deseo de mejorar el bienestar de la clase trabajadora y de las clases populares tanto de Cataluña como del resto de España. El partido independentista junto con el PSC e IU-ICV ha presionado al Gobierno español para que aumentara el gasto social en el presupuesto del Estado español. Por lo visto, tales dirigentes hubieran preferido que a los hijos de la clase trabajadora catalana se les continuara excluyendo de la escuelas concertadas, antes de que tal exclusión se prohibiera por una consejera independentista, pero de izquierdas. Estas voces nacionalistas españolas están abandonando su compromiso socialista con el argumento de que están defendiendo la unidad de España, ignorando que la gran mayoría de los catalanes nos sentimos españoles sin peligro de desunión. Es ofensivo y frustrante que personalidades de las izquierdas españolas utilicen ahora España de manera semejante a como las derechas catalanas nacionalistas utilizaron Cataluña, defendiendo intereses distintos a los de las clases populares de Cataluña y del resto de España. Vicenç Navarro
