La muerte del general Augusto Pinochet parece que no representará una situación de punto y final de los procesos iniciados en Chile a los responsables del golpe de Estado de 1973 contra el Gobierno democrático del presidente Salvador Allende, ni que la muerte de las 3.200 personas, las detenciones y las torturas vayan a tener que quedar impunes.En contraste con Chile, en España, a la hora de hacer una más que reclamada ley sobre la memoria histórica, se quiere pasar de puntillas sobre la represión en que se sustentó la dictadura franquista durante cerca de 40 años, que significó casi 150.000 personas fusiladas entre los años 1936 y 1950, sin procedimiento o por los procedimientos sumarísimos amparados por la llamada Causa General. Y tampoco se le da la importancia debida al hecho de que todavía queden muchas fosas comunes para identificar a quienes están enterrados, ni a quienes fueron abandonados en la Francia ocupada por los nazis y enviados a morir a los campos de exterminio, ni a los miles de republicanos condenados a trabajos forzados --entre ellos, los que intervinieron en la faraónica obra del Valle de los Caídos-- ni a los encarcelados por oponerse al régimen hasta el año 1975. Ante estos ejemplos, corresponde una ley de memoria histórica que incluya la recuperación de la memoria colectiva silenciada así como también la dignificación de los vencidos, la anulación de los procesos y la rehabilitación política, moral, social y económica de las víctimas del franquismo.
