Han ocupado espacio en los rotativos y tiempo en las televisiones dos noticias que no pueden dejar de relacionarse, aunque los medios de comunicación las presenten cada una por su lado. Por una parte, el proyecto de Ley de memoria histórica ha iniciado su andadura parlamentaria, con opiniones divididas en la derecha y la izquierda. Por otro lado, el caso de los libertarios Francisco Granado y Joaquín Delgado, que ha vuelto a salir a la luz pública al denegar la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo la autorización para interponer un recurso para revisar la sentencia que los condenó a muerte en 1963. Bien es verdad que dos magistrados, Ángel Juanes y José Luis Calvo, se han opuesto a esta decisión, pero la mayoría obtenida con los votos de los otros tres magistrados simboliza la pervivencia, tantos años después, del mismo espíritu de crueldad y venganza que caracterizó la dictadura que padeció este país durante cuarenta años.Por un lado, se quiere sacar adelante una ley para la reparación moral de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil, un proyecto de ley del cual me muestro crítico, por su tibieza, que no repara, a mi entender, a las víctimas al no permitir la revisión de los juicios y las condenas, deja en el aire las subvenciones para la localización de fosas, etc. Y en este contexto, aparece de nuevo el caso de Granado y Delgado, dos inocentes, que necesitan una reparación digna mediante la revisión y anulación del montaje falso y criminal que el Estado franquista organizó en tan sólo 17 días.
En 1977, después de 50 años del crimen de Estado cometido en EEUU contra Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, el Estado de Massachussets declaró inocentes a los anarquistas italianos. En España han pasado ya 43 años desde aquel 17 de agosto de 1963 y, a pesar de la declaración de los verdaderos autores (Sergio Hernández y Antonio Martín), a pesar de la constancia y tenacidad de familiares y amigos (Pilar Vaquerizo, Octavio Alberola), aún siguen Francisco y Joaquín con el sello de su condena injusta en el sumario, en la Historia oficial. Con ello, el Estado democrático mantiene la continuidad de su predecesor, de la dictadura, de la que continuamente quiere desmarcarse pero cuyo lastre sigue pesando. Por convicción, como en otros cientos de casos, Joan Peiró, Companys, etc. Me sumo a la petición de la revisión y anulación del juicio de Francisco Delgado Gata y Joaquín Delgado Martínez víctimas de la dictadura, ejecutados a garrote vil para mayor oprobio
