Era en marzo de este mismo año cuando los vecinos de Can Pepet hacían públicas sus protestas sobre el mal estado de su urbanización. Señalaban que desde el año 1978 que pedían los servicio mínimos para el barrio habían pasado 29 años, y denunciaban que las calles estaban sin asfaltar, las cloacas seguían a cielo abierto, falta de luz en las calles, etc.Posteriormente una octavilla recalcaba que dicho barrio también es de Viladecavalls, que pagan servicios que aún no disfrutan y se preguntaban cuanto tiempo tenían que esperar aún.
Con esos argumentos, ciertos, buena parte del barrio hizo presencia en el Pleno municipal del mismo mes de marzo, llevando muestras de hierbas, barro y aguas fecales, para sensibilizar al equipo de gobierno de CIU, que a lo largo de ese tiempo ha sido el interlocutor de los vecinos. Las declaraciones en la prensa concretaban más aún la situación, denunciando plagas de pulgas, gusanos y ausencia de limpieza perimetral, para eliminar malas hierbas y evitar la proliferación de insectos, por falta de presupuesto ya que “ese dinero fue invertido en otros conceptos” según José Maria Sánchez, ex presidente de la asociación de vecinos.
Ahora un grupo de vecinos se quejan de que toda la tramitación anterior ha sido realizada sin mediar información alguna a los afectados, y sin la realización de reunión pública, o vecinal, donde el gobierno municipal y los servicios de urbanismo explicaran el alcance la reforma del PGO y la incidencia y costes de la urbanización; también denuncian que el alcalde Sebastián Homs mantiene reuniones con José Maria Sánchez, cabeza de lista del Partido Popular de Viladecavalls, de las que no se informa al conjunto de afectados.
Según explican los vecinos indignados, parece que los rumores señalan que el coste de la urbanización se situaría en unos baremos de 5 millones de las antiguas pesetas, por cada 500m2, por lo que exigen claridad al alcalde, y así se lo piensan manifestar en una reunión que al parecer se ha convocado para el 12 de enero próximo. Mientras tanto las intenciones de este colectivo es sumar más vecinos a la protesta, reuniendo firmas y dotarse de asesoramiento jurídico independiente para preservar sus legítimos intereses.
La denuncia de estos vecinos vuelve a poner en cuestión la gestión urbanística del gobierno municipal de CIU, que cuando no está favoreciendo intereses particulares, como se puede desprender de la venta de la parcela de Can Mir “Caso Soriano”, se dedica a gestionar modificaciones del PGO, como el Pla del Centre de dudosa funcionalidad salvo favorecer las expectativas de las promotoras y constructoras inmobiliarias, o como en el caso de Can Pepet, encararando una urbanización del sector, sin ninguna duda necesaria, pero sin contar con el vecindario afectado.
El mantenimiento de la mayoría de CIU, tiene esas y otras consecuencias directas sobre el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Viladecavalls, que deberían pensarlo bien antes de abstenerse en las elecciones municipales, como hicieron el pasado mayo.
