La tramitación en el Senado de la Ley General de Comunicación Audiovisual responde a intereses de las grandes empresas de Comunicación en vez de desarrollar normativamente el ejercicio del derecho a la comunicación audiovisual, observando todos los factores necesarios, como la garantía y promoción del servició público, la calidad en el empleo y los derechos laborales, y la pluralidad informativo así como el acceso y la participación social a los medios audiovisuales.Esta ley sigue el mismo camino que las ultimas medidas en materia audiovisual realizadas por el Gobierno retirada de la financiación por publicidad de RTVE, fusión de las televisiones privadas, TDT de pago,… Se trata de leyes que se han desarrollado con prisas, sin debate, de espaldas a la ciudadanía y sin contar con los agentes sociales, solo dando respuesta a los intereses de UTECA
El proyecto de ley que se está tramitando pone en riesgo la viabilidad del sector audiovisual, el texto elimina el concepto de servicio público para los prestadores privados exonerándolos de las obligaciones y responsabilidades a pesar de que se benefician del uso de un recurso común como es el espectro radio-eléctrico.
Con esta desregulación del sector se pone en el disparadero miles de puestos de trabajo ante la tendencia a la subcontratación y precarización del empleo, también se derogan el Estatuto de la Radio y Televisión Pública y la Ley del Tercer Canal, abriéndose la posibilidad de que la gestión del servicio publico de comunicación audiovisual pueda cederse a terceros permitiéndose la privatización total o parcial de la organización, producción y emisión de los canales públicos de nueva creación.
Se ponen impedimentos al desarrollo de las emisoras comunitarias y no se garantiza su existencia además de que el contenido del proyecto de Ley no se destina al interés general y al desarrollo de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a recibir una información plural. Más bien reduce la figura del ciudadano a la de consumir de los medios de comunicación.
El actual Proyecto de Ley responde a los intereses de las grandes empresas del sector de la comunicación y no al interés general, una Ley Audiovisual que sea fruto de un verdadero debate y contenga las siguientes propuestas:
Medidas para garantizar la pluralidad en los medios y obligaciones destinadas a los operadores privados para que cuenten con una programación de calidad que atienda al interés general, un porcentaje de producción propia.
Medidas para el mantenimiento del empleo estable y de calidad, el cumplimiento de los compromisos de contratación por parte de los medios privados, impidiendo la subcontratación y precarización del trabajo.
Garantías para el futuro y la viabilidad de RTVE y de sus centros territoriales, evitando aprovechar la carencia de recursos actuales para externalizar la producción.
Medidas para impedir la privatización total o parcial de las radiotelevisión autonómicas
La existencia de Consejos informativos y estatutos de redacción, para garantizar una información independiente y de calidad.
El fomento de la participación ciudadana en los medios de comunicación, garantizando el derecho de acceso en los medios o medidas que garanticen la viabilidad de las emisoras comunitarias
Un regulación que de estabilidad al sector audiovisual y que garantice un servicio a la ciudadanía.
