En Viladecavalls comienza hoy la Fiesta Mayor, en Can Trias los vecinos llevan una semana sin agua, y nadie quiere dar explicaciones, ni admiten queja

No dan explicaciones ni admiten quejas, así de claro. La Mina de aguas de Terrassa, un Consorcio del que forma parte el Ayuntamiento de esa localidad, no da explicaciones del porque los vecinos de Can Trias llevan una semana padeciendo cortes de agua prolongados, y una falta de presión manifiesta. Cogen el teléfono de tanto en tanto, pero ni se disculpan, ni informan, ni admiten quejas o reclamaciones. Menudo servicio de atención al cliente.

Con estas calores la situación a que están sometidos los vecinos y vecinas de Can Trias es inadmisible, de que va este monopolio que cada año sube tarifas, por encima de las que se pagan en Terrassa, pero las mejoras no se dejan ver. Hasta que punto creen que pueden tener a las personas desinformadas y sin agua, ¿acaso el no ser de Terrassa nos sitúa como ciudadanos de segunda clase?.

Y la desvergüenza de perder miles de litros de agua diarios, cuando solo hace un año se exigía un sacrificio brutal a las familias en el ahorro de agua. A que viene esa propaganda machacona de esta empresa, de hacer del consumo del agua un bien sostenible, cuando ellos la dilapidan alegremente.

Y que hace para remediarlo el Ayuntamiento, la señora alcaldesa Regina Parellada y el equipo de Unió, -que rige el gobierno municipal desde que realizaron la movida de la traición a su alcalde convergente hace ahora un año- pues dedicarse a preparar su Fiesta Mayor, porque es eso, ya que no cuentan con actividades descentralizadas que permitan participar de ella a las urbanizaciones, y seguramente preocuparse por realizar sus reservas de vacaciones.
De realizar un seguimiento de las obras que hacen las compañías nunca han comentado nada, por otro lado todos los de Unió que gobiernan bajo las siglas de CIU, no viven en Can Trias.

El Pleno municipal de Viladecavalls se pronunciará esta noche, sobre la petición de dimisión a Zapatero, presentada por dos concejales

Los concejales Francisco García Cano y Conchi Martínez Carrero, miembros del Consistorio de Viladecavalls lo presentan al Pleno ordinario del 29 de junio de 2010, y argumentan:

El gobierno del Estado, con su presidente José Luis Zapatero al frente, está tomando decisiones cuyo resultado es claro: casi cinco millones de parados, el mayor déficit público en la historia de la España moderna, un desplome de los ingresos fiscales y un desánimo generalizado que desalienta el nacimiento de proyectos empresariales, base de la recuperación.
Sus mentiras, además, han agotado la paciencia de gran parte de la ciudadanía.

Prometió más empleo: «Lo enunciaré de forma sencilla pero ambiciosa: la próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España» (3 de julio de 2007), mientras negaba la crisis: «España está a salvo de la crisis financiera» (21 de agosto de 2007) y alardeaba tontamente: «España ha entrado en la Champions League de la economía mundial» (11 de septiembre de 2007).

Siguió negando la crisis: «No hay atisbo de recesión económica. La economía española tiene muy buenos fundamentos» (16 de octubre de 2007), mientras suscitaba ilusiones vanas: «La crisis es una falacia, puro catastrofismo. Estamos creciendo por encima del 3%. Aunque mañana crezcamos al 3% o al 2,8%, que es un crecimiento bueno, vamos a seguir creando empleo y teniendo superávit» (14 de enero de 2008).

Engañó en la campaña electoral de las generales: «Prometo crear dos millones de nuevos empleos» (3 de marzo de 2008), insistiendo en las mentiras de forma compulsiva: «España está en condiciones de llegar al pleno empleo» (7 de marzo de 2008).

Incluso después de ganar las elecciones, menospreció a quienes le alertaban de la crisis: «La actitud de quienes exageran sobre el alcance de la actual situación económica es antipatriótica, inaceptable y demagógica» (28 de abril de 2008), para, al final, ponerse la medalla: «Nadie lo sabía [lo de la crisis]. En cuanto hemos entrado en una situación objetiva de crisis, he sido el primero en hablar de una crisis del sistema financiero internacional y de una crisis económica. En marzo comenzará a crearse empleo de manera intensa» (18 de diciembre de 2008).

-El 29 de abril de 2009 decía: "Es probable que lo peor de la crisis económica haya pasado ya". Mentira.
–El 18 de junio de 2009 decía “NO SE SUBIRÁN DE NUEVO LOS IMPUESTOS. Mentía.
–El 28 de abril de 2010, el diario alemán Handelsblatt publica un artículo firmado por José Luis Rodríguez Zapatero, al que a su vez critica en la presentación. Titula 'Zapatero habla de pequeño problema financiero'. Se asombra de que, en la cima de la crisis de la deuda, con Grecia al borde de la quiebra y Portugal en el mismo camino, el jefe de gobierno de España y por turno de la Unión Europea diga que no hay motivos para preocuparse.

Y llegó marzo, abril, mayo y junio de 2010, el presidente Zapatero Zapatero ha urdido el mayor tijeretazo dado en España a los derechos sociales. La crisis de la economía provocada por las mentiras, la indolencia, la improvisación y la ineficacia acaban por pagarla los sectores sociales más débiles. Casi cinco millones de parados y además pensionistas, funcionarios y mujeres embarazadas se convierten en víctimas de la insolvencia monumental de Zapatero y de su hipocresía mayúscula. El izquierdismo obrerista de los mítines exhibido durante estos años eran frases huecas. El discurso del PSOE queda roto ante la fuerza demoledora de un despropósito que ni siquiera sus dóciles aliados sindicales pueden pasar por alto:

-Reducción de las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media en 2010 y su congelación en el 2011. En el sector privado por mimetismo, el alcance de esta medida es por ahora imposible de calcular.
-Se suspende la revalorización de las pensiones para 2011, salvo no contributivas y mínimas.
-Se elimina la jubilación parcial de régimen transitorio de la ley 40/2007.
-Se eliminan los 2.500 euros por nacimiento desde el 1 de enero de 2011.
-Se contempla una reducción de 6045 millones de euros en inversión pública estatal y de 1.200 millones de las Comunidades Autónomas.
-Se ahorran 670 millones de euros eliminando la retroactividad en las solicitudes por dependencia.
-Sube el IVA 2 puntos que se cargan directamente sobre el consumo.

- Aumenta la precariedad de los puestos de trabajo y reduce la indemnización por despido a 33 días, respecto a los 45 días actuales del contrato fijo.

–Se acortan los días de despido en los temporales, y la indemnización por los contratos por obra llegará hasta los 12 días, fijándose como máximo en tres años los contratos por obra.

–Sube las cotizaciones a trabajadores y empresarios que compartirán parte de la indemnización de 8 días que pagará el Fondo de Garantía Salarial, el Fogasa, destinado a cubrir quiebras de empresas que no pueden realizar estos pagos.

-Se promueve el papel de las ETT en detrimento de un Servicio Publico de empleo del Estado útil, eficaz y moderno.
-El Gobierno quiere con ayudas parlamentarias, establecer las causas en las que el despido puede definirse como objetivo y rebajar a sólo 20 días de indemnización, sin posibilidad de recurrirlo.

-El Gobierno quiere con ayudas parlamentarias, modificar la negociación de los Convenios Colectivos.

Mientras se ejecutan o se planean acordar estas y otras medidas, el Gobierno no ha presentado ningún Plan de Austeridad en sus gastos (reducción de ministerios, embajadas, partidas de protocolo, autopropaganda, desplazamientos, presupuesto militar, etc. etc.) ni tampoco explica de que han servido las inyecciones en millones de euros que se entregaron a la banca privada, sin contrapartidas, porque los créditos a pequeñas y medianas empresas, autónomos y particulares siguen estancados.

-No existe un listado básico de productos de consumo de primera necesidad, en los cuales el Gobierno fije los precios máximos.

-El gobierno permitirá a las eléctricas y otros servicios esenciales, que repercutan los costes de rehacer sus infraestructuras obsoletas, en los recibos, como es habitual.

-Los combustibles, el tabaco, el alcohol, etc. de los que el Estado cobra un canon subirán como cada año en las vacaciones de verano, su margen de beneficio no piensa reducirlo ni sumarlo a proyectos contra la crisis…

Las constantes y continuadas mentiras de Zapatero y su gobierno han producido un pernicioso efecto que va más allá de lo que es su fama, su prestigio o su reputación personal. Su mala reputación como gobernante no sólo le perjudica a él, desafortunadamente, nos daña a todos. Pero él sigue, descaradamente, haciendo responsables a los demás y cargando esencialmente sobre las capas trabajadoras los costes de sus errores. Esta indecencia política de mentir, de negar la realidad económica y de no adoptar las medidas adecuadas, es la que ha agravado los males de nuestra economía. Los datos objetivos de nuestra economía, nuestros índices de desempleo y la ineptitud de nuestros gobernantes hace tiempo que debería haber producido un levantamiento social, una protesta generalizada, un clamor. La indiferencia, el silencio, la indolencia, la neutralidad nos hace cómplices, nos puede convertir en corresponsales del drama que estamos viviendo.

La degradación que está sufriendo nuestra economía, y la incapacidad del gobierno para resolver la crisis no puede soportar más tiempo de permanencia de Zapatero en el gobierno. Es necesario que Zapatero y su gobierno dimitan urgentemente abriendo el paso a una alternativa, bien dentro del propio partido, como solución transitoria, bien a través de la inmediata convocatoria de Elecciones Generales, el país ya no aguanta más, y él no está legitimado para llevar adelante las medidas que se necesitan para salir de la crisis. Nadie le voto para que hundiera al país, y se cargase derechos sociales que costaron sangre y cárcel conseguirlos.

Por todo ello es por lo que proponen se acuerde:

1.Solicitar la dimisión de Zapatero y su gobierno, como un acto de servicio al conjunto de la sociedad, porque ha demostrado con creces su incompetencia para sacarnos de esta grave crisis.

2.Solicitar que el Congreso de Diputados convoque Elecciones Generales para que democráticamente, mediante el voto popular, se elija un Gobierno representativo que permita abordar seriamente los problemas de la economía, aportando soluciones para el retorno del bienestar mediante políticas de promoción de empleo.

3.Se de cuenta al Gobierno del Estado, al Congreso de los Diputados, al Gobierno de la Generalitat y al Parlamento de Catalunya.

Carta a un amigo americano

Un Español le envió a un amigo, que se fue a vivir a EE.UU., una carta con esta pregunta: Dime querido amigo…¿Por qué somos tan pobres los españoles, comparados con los norteamericanos?

Ésta fue su respuesta desde EE.UU.:“Hola amigo mío, cómo se nota que los árboles no te dejan ver el bosque...¿Cómo puedes llamarte pobre, cuando...?

- Eres capaz de pagar por un litro de gasolina más del triple de lo que pago yo.

- Te das el lujo de pagar tarifas de electricidad, de teléfono y móvil un 80% más caras de lo que me cuestan a mí.

- Pagas comisiones por servicios bancarios y tarjetas de crédito, el triple de lo que aquí nos cuestan.

- Por un auto que a mí me cuesta 2.000 dólares, tú puedes pagar el equivalente a 20.000 dólares.

¿Por qué eres pobre, me preguntas? ¡Tú sí puedes darte el gusto de regalarle 18.000 dólares al gobierno y nosotros no. ¡NO TE ENTIENDO!.

Nosotros, los habitantes de Florida, somos pobres. Por eso el gobierno estatal, teniendo en cuenta nuestra precaria situación financiera, nos cobra sólo el 2% de IVA (mas otro 4% que es federal; total = 6%) Y no el 16% como pagáis vosotros los ricos que vivís en España y que a partir del próximo verano será del 18%.

Además, vosotros tenéis "impuestos de lujo" como son los impuestos por gasolina y gas, por alcohol, tabaco, etc. que alcanzan hasta el 320% del valor original. (En la gasolina que pagas, el 70% son impuestos y ahora en Cataluña los habéis incrementado con otro poco para subvencionar la Sanidad ).

Y pagáis otros IMPUESTOS como: Impuesto sobre la renta (sobre el sueldo) IRPF.

-Impuesto sobre los automóviles nuevos.

-Impuestos a los bienes personales.

-Impuesto a los bienes de las empresas (IAE).

-Impuesto por uso del automóvil (de circulación).

Y dichosos que todavía os dais el lujo de pagar un 16% de IVA por estos impuestos. Además de todos los trámites y pagos nacionales y municipales (TASAS).

Porque si vosotros no fuerais ricos, ¿qué sentido tendría tener:

Impuestos nacionales, Impuestos autonómicos y también Impuestos municipales, de ese calibre?

¿POBRES? ¿De dónde?.

Un país que es capaz de cobrar el IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LOS BIENES PERSONALES por adelantado (mediante retenciones) como España, necesariamente tiene que nadar en la abundancia, porque considera que los negocios de la Nación y de todos sus habitantes siempre tendrán ganancias a pesar de: Saqueos, asaltos, “mordidas”, sequías, inviernos con desastres, inundaciones, corrupción, saqueo fiscal...

Y por supuesto que con todo esto, todos los que trabajan en ese país, deben ganar MUCHISIMO.

Los pobres somos nosotros, los que vivimos en USA y que NO pagamos Impuesto sobre la Renta si ganamos menos de 3.000 dólares al mes por persona (más o menos 2.000 €).

Piensa que un obrero sin cualificar suele ganar unos 2000 dólares al mes. Vosotros tenéis además:

-IMPUESTO A LOS BIENES INMUEBLES (I..B.I.).

-Impuestos de recogida de basuras.

-Impuestos sobre el consumo de agua, gas y electricidad.

Y ahora pagáis impuestos a la SGAE por cualquier equipo reproductor que compréis incluidos los CD’s vírgenes, USB, etc.

Y pagáis seguridad privada en bancos, urbanizaciones, etc. Mientras que nosotros nos conformamos con la pública.

Allí hasta envíais a los hijos a colegios privados, y mira si seremos pobres aquí en EE.UU., que las escuelas públicas nos prestan los libros de estudio, si no tenemos dinero para comprarlos.

A veces me asombra la riqueza de los españoles que piden un préstamo cualquiera, y son capaces de pagar el 8% mensual de intereses, como mínimo. No como aquí, que apenas llegamos al 8% anual (generalmente 7.8%), justamente porque NO estamos en condiciones de pagar más.

Supongo que, como todos los ricos, tenéis un auto, y estáis pagando un seguro de entre 200 y 800 euros al año; si te sirve de información, yo pago sólo 245 dólares por año...

Y como os sobra el dinero, podéis efectuar pagos anuales en concepto de eso que llamáis IMPUESTO DE CIRCULACION, (aparte de la ITV, zona verde, zona azul, aparcacoches forzosos, etc...) mientras que nosotros no podemos darnos esos lujos y pagamos 15 dólares anuales por el STICKER sin importar qué modelo de auto conduzcas; pero claro, eso que vosotros pagais, es para gente de recursos.¡¡¡ ESO ES SER RICO!!!

Ser rico es tener :
- 86.000 concejales
- 9.000 alcaldes
- 17 presidentes de autonomías
- 1.600 parlamentarios autonómicos
- 350 diputados en Cortes (que no pagan IRPF)
- 300 senadores
- 200 parlamentarios en Estrasburgo
- 600 Asesores presénciales
- 20 ministros y todos sus adláteres; y paradójicamente a menor rango, mayor sueldo.
Hay Alcaldes que ganan más que el Presidente del Gobierno; todo esto para un país tan pequeño como España.¡¡¡ ESO ES SER RICO!!!

Vamos, os quedáis todos en ESPAÑA porque sois RICOS. Somos los pobres como yo, los que nos vinimos a probar suerte a este país.

Bueno, te mando un abrazo y luego me cuentas cómo os va con el nuevo presupuesto, lo que sí es seguro es que os aumentarán más los impuestos. Pero no os preocupéis, que la inflación negativa os va a compensar…

Pero bueno eso es lo de menos, cuando se tiene el dinero para pagarlo. Y ten por seguro que en el próximo discurso le van a dar un tremendo aplauso a vuestros simpáticos Presidentes Zapatero y Montilla.

Además eso es lo que hay que pagar por vivir en la 8ª Potencia Mundial, el mejor lugar del mundo y el tercero donde la gente se siente más feliz del planeta.

Un saludo:

Tu pobre amigo, el emigrante que se fue a EE.UU.

Els treballador i treballadores de l'ajuntament de Terrassa, convocats a l'Assemblea general de CCOO i UGT

CCOO i UGT US CONVOQUEM A ASSEMBLEA GENERAL
TREBALLADORS I TREBALLADORES AJUNTAMENT DE TERRASSA I ORGANISMES AUTÒNOMS
2 de juny de 2010
Hora: 12:00
SALA GRAN CINEMA CATALUNYA
(Entrada per C. Sant Pere)

ORDRE DEL DIA:
Explicació mesures anti-crisi als empleats públics
Posicionament dels sindicats CCOO i UGT
Convocatòria VAGA DE PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA dia 8 de juny de 2010
Torn de paraules

Carta de un funcionario a su banco

Muy señores mios:

Por la presente lamento comunicarles que he decidido pagar un 5% menos en el recibo mensual de la hipoteca que tengo con su banco.

Ha sido una decisiónn difi­cil, muy dificil y dolorosa, pero me es imprescindible recortar gastos para salvar mi economi­a particular y reducir mi deficit.

En situaciones como esta es cuando todos debemos arrimar el hombro por lo que les pido comprensión y solidaridad. Al fin y al cabo yo, como el resto de ciudadanos, colaboré en su dí­a en la inyección de liquidez que recibieron ustedes para salvar el sistema financiero.

En realidad me he visto forzado a tomar esta decisión porque mis padres, al ver el saldo de mi cuenta corriente, temen verse en la obligación de dejarme dinero y ustedes, como banqueros que son, saben mejor que nadie que no tiene sentido poner capital si no es para conseguir pingües beneficios.

Me he informado y sé que es lí­cito tomar este tipo de decisiones de forma unilateral y sin previa negociación (Hay precedentes, ver declaraciones del Presidente del Gobierno en el parlamento el pasado 12 de mayo).

Aprovecho la ocasión para comunicarles que ya dispongo de suficientes sartenes y no necesito que me regalen ninguna más. Atentamente,

Un funcionario hipotecado.

Dos concejales de Viladecavalls apoyan la consulta popular del barrio de Can Trias, y denuncian a Fomento por el IV Cinturón

Los concejales Francisco García Cano y Concepción Martínez Carrero, del Ayuntamiento de Viladecavalls, presentan al pleno municipal ordinario del mes de mayo de 2010, la siguiente propuesta:
En el Pleno municipal de 29 de octubre de 2009, CIU voto en contra, IC y ERC se abstuvieron y PVA voto a favor de una moción presentada por los mismos concejales que presentamos esta. La moción ponía de relieve la falta de información del equipo de gobierno sobre la situación de las obras del IV Cinturón a su paso por Can Trias, y de cara a las necesarias actuaciones que el restablecimiento urbanístico necesitaba.

No se ha convocado aún el Consell de Medi Ambient, o la Comisión del IV Cinturón, sin embargo si hay que reconocer que el meollo de lo que se pedía en la moción si se está tratando actualmente por el Consistorio, quizás porque el equipo de gobierno en clara minoría no quiere arriesgarse a una desautorización pública.

Los contactos más recientes con el Ministerio de Fomento, para que atienda la suma de situaciones tratadas anteriormente, comportan un coste económico el cual en su momento fue ajustado y fijado en sus mínimos por el propio Ayuntamiento. La respuesta y propuesta del Ministerio es hasta el momento un Convenio que además de formularse con algunas pretensiones discutibles y otras desproporcionadas, en lo económico no cumple ni con los compromisos contraidos oralmente a lo largo del tiempo del proyecto y ejecución de las obras, ni con los mínimos aceptables fijados en la propuesta municipal.

La actuación y propuesta del Ministerio de Fomento se encubre ahora con la coartada general de la situación de crisis, argumento falaz y falso en este caso por cuanto anteriormente en situación de no-crisis se habían recortado mejoras que se contemplaban, o comprometidas oralmente, en un tratamiento a la población de Viladecavalls y especialmente a los vecinos del barrio de Can Trias, injusto y desigual al de otros tramos, como el de Terrassa.

Ni el Ayuntamiento, ni los vecinos y vecinas, debemos admitir la responsabilidad de la situación económica del Estado, unos y otros estamos cumpliendo con los deberes de lealtad institucional y pagando puntualmente los impuestos y deberes que corresponden. La ejecución de los trabajos pendientes presentados por el Ayuntamiento corresponde a necesidades legitimas devenidas antes de la crisis y en su mayor parte, provocadas por la ejecución de las obras del IV Cinturón, los grupos políticos con representación municipal, que participan de la administración autonómica, o del estado, no deben obviar ese compromiso con la ciudadanía mirando hacia otro lado.

La calidad de vida de los vecinos y vecinas en el ámbito del barrio de Can Trias, con un peso demográfico importante en el término de Viladecavalls pero orográficamente seccionada actualmente por diversas infraestructuras, que se incrementaran en el futuro, se esta degradando ostensiblemente y con ello se ensancha la vía de la descohesión social y la marginalidad urbana, social y económica; seguramente por eso y otras razones la reciente asamblea general de la Asociación de Vecinos ha acordado la celebración de una consulta popular en Can Trias por el IV Cinturón, y desde el Consistorio algunos grupos políticos están reclamando recurrir a las movilizaciones ciudadanas, con carácter cívico, pero con claro perfil reivindicativo.

Y es por todo ello que proponemos se acuerde:

1.- Que el Consistorio se pronuncie rechazando cualquier propuesta económica, del Ministerio de Fomento, que no contemple la realización de las obras contenidas en el proyecto presentado por el Ayuntamiento, o no cuente con la aprobación de los vecinos y vecinas de Can Trias en una mayoría cualificada, resultado de la consulta popular que quiere llevar adelante la Asociación de Vecinos del barrio.

2.- Que el Consistorio de Viladecavalls ponga a disposición de la Asociación de Vecinos de Can Trias, el soporte municipal que sea preciso y se le requiera, de acuerdo con las posibilidades y el ordenamiento jurídico existente, para poder llevar adelante la consulta popular sobre el IV Cinturón, con garantías, trasparencia y democracia.

3.-Que se informe de estos acuerdos, al Ministerio de Fomento, Congreso de los Diputados, Gobierno de la Generalitat, Parlament de Catalunya, Asociaciones y Federaciones municipalistas, Consell Comarcal del Valles Occidental, entidades vecinales y asociaciones de Viladecavalls.

Los concejales ex-socialistas de Viladecavalls proponen al Ayuntamiento que rechazen las medidas propuestas por Zapatero

Los concejales miembros del Consistorio, Francisco García Cano y Concepción Martínez Carrero, del Ayuntamiento de Viladecavalls, presentan al pleno municipal ordinario del mes de mayo de 2010, la siguiente propuesta:
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado recientemente una batería de medidas para según su entender reducir el déficit. Las nuevas medidas incluyen, entre otras cosas, eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011, la congelación de las pensiones en 2011, salvo las mínimas y las no contributivas, y la rebaja de las retribuciones de los empleados públicos en un 5% de media.
José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer presidente de un Gobierno en España que rebaja el salario de los empleados públicos.
Hasta ahora, ningún Ejecutivo anterior había reducido la nómina de los funcionarios, un colectivo que, sin embargo, ha visto su sueldo congelado en los últimos 20 años (la primera ocasión en 1994, con Felipe González en el poder, y la segunda en 1997, en el primer mandato de Aznar, que fue respondida con una huelga en la función pública).
Este sacrificio en las retribuciones del personal del sector público irá unido a la congelación salarial en 2011.
A todo ello se suma la suspensión para 2011 de la revalorización de las pensiones, excluyendo a las no contributivas y las pensiones mínimas. Estas últimas no se verán afectadas por esta medida.
Otras medidas son reducir los gastos en farmacia, y suprimir, para los nuevos solicitantes, la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud.Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal. La ayuda oficial al desarrollo se reducirá en 600 millones de euros entre 2010 y 2011, y se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal.
Zapatero ha apuntado también la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la Ley 40/2007, lo que implica que sólo podrán acceder a esa modalidad de retiro los mayores de 61 años que tengan un mínimo de 30 años cotizados en la Seguridad Social y al menos seis años de antigüedad en la empresa, en tanto que sólo se podrá reducir la jornada laboral en un 75% como máximo.

El presidente del Gobierno ha proclamado que estas medidas constituyen un "esfuerzo especial, singular y extraordinario", y ha pedido que todo el país se sume al sacrificio que se debe realizar. El plan de medidas anunciado se puede simplificar señalando que el gobierno ha decidido que la crisis del capital, la paguen los funcionarios, los pensionistas, los enfermos y las madres.
Delante de este atropello que el poder publico del Estado se permite con la ciudadanía, que ha venido precedido con anuncios de medidas en unos casos y en otros modificaciones que atentan contra el sistema de jubilación de las personas trabajadoras, o que merman su capacidad adquisitiva sumamente deteriorada como los anuncios de copago en la seguridad social, solo queda el rechazo más rotundo a unas maneras de gobernar impropias de quienes se titulan socialistas, cuando en realidad son lacayos del capital.
Las capas trabajadoras no han gozado nunca de beneficios, los bancos, las grandes corporaciones y multinacionales, si. Ellos provocan la crisis de capital, y el gobierno los premia con medidas compensatorias, que además no comportan contrapartidas, y nulo o escaso control.

La crisis que la paguen quienes la provocan, si hay que hacer frente a ella se recurra a medidas que no afecten a quienes no somos responsables, y llegado el caso se supriman gastos superfluos de un Estado que solo se dedica a esquilmar a sus ciudadanos.
Es por todo ello, que proponemos se acuerde.
1.- El rechazo a las medidas del gobierno Zapatero que van contra las economías de las clases trabajadoras y los socialmente más débiles.
2.- Que como medidas de ahorro reajuste los Ministerios y suprima ministros, altos cargos, dietas y partidas protocolarias y de propaganda; elimine el encargo de informes inútiles; revise la necesidad de existencia de bastantes embajadas y consulados que solo sirven para justificar sueldos; reduzca los viajes del gobierno y ministerios, las presentaciones, recepciones y fiestas a los minimos necesarios; practiquen el decoro y la vergüenza y ajusten los sueldos del gobierno, altos cargos, parlamentarios, etc. con las referencias que aplican para el conjunto de los trabajadores; dejen de prestar dinero que debemos comprar con intereses a terceros paises para aparentar ser una potencia en la Europa comunitaria; dejen de enviar tropas e intervenir militarmente en otros paises, revisen la politica militar y reduzcan el ejército, la marina y la aviación dedicandolas a la paz y no a la guerra…
3.-Que se informe de estos acuerdos, al Congreso de los Diputados, Gobierno de la Generalitat, Parlament de Catalunya, Asociaciones y Federaciones Municipalistas, Consell Comarcal del Valles Occidental, entidades vecinales y asociaciones de Viladecavalls.

Las conclusiones del servicio de delitos económicos de la Fiscalía, motivan una propuesta de Pleno extraordinario, en Viladecavalls

Francisco García Cano y Conchi Martínez Carrero, concejales del Ayuntamiento de Viladecavalls, presentan al Pleno municipal ordinario del mes de marzo, aprobación si procede, la siguiente propuesta:

Realización de un Pleno municipal informativo extraordinario y monográfico sobre las conclusiones del servicio de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona

Los dos concejales independientes señalan que en el Pleno del 24 de septiembre de 2009, presentaron una moción para la creación de una comisión representativa del Consistorio para gestionar y recabar información de las actuaciones realizadas por Fiscalía, así como de las informaciones que desde distintos ámbitos informativos, cuestionaban, criticaban, e incluso difamaban a alcaldes, concejales y personas del Ayuntamiento.

La moción no fue aprobada, aunque suscitó un intenso y extenso debate en el Pleno, siendo que los Grupos municipales en desacuerdo coincidieron en la conclusión de que era inoportuna, dado que la Fiscalía estaba realizando la investigación y era contraproducente plantear actuaciones del Consistorio hasta que la misma no se pronunciase.

El resumen del debate en el acta de la sesión recoge la generalización del criterio de los Grupos municipales, en el sentido de que una vez emitido el dictamen de Fiscalía, seria el momento de tratar y comentar sobre el mismo y las actuaciones a realizar, y por otro lado que los concejales proponentes volveríamos a plantear la situación.

El 11 de febrero de este año, el Fiscal Pedro Javier Ariche, del servicio de delitos económicos de la Fiscalía provincial de Barcelona emitió un decreto que se refiere a todas las actuaciones, y cuyo punto tercero precisa literalmente que “de la completa investigación policial realizada, y ampliamente documentada, no advirtiéndose de la misma ningún hecho que, mas allá de meras irregularidades administrativas, a corregir por los cauces correspondientes a las mismas, pudiera ser constitutivo de ilícito penal se acuerda el ARCHIVO de las presentes diligencias.
La presente decisión no es susceptible de recurso alguno”.

Con estos antecedentes explican que desde este fecha hasta ahora ni la alcaldía, ni el equipo de gobierno ha dado cuentas de esta situación; que cuando se les ha planteado han cuestionado el derecho del Consistorio ha tener conocimiento del documento, a obtener copia del mismo, incluso negándola cuando se les ha pedido por instancia expresa, aduciendo que era una cuestión personal de la alcaldesa Regina Parellada…

Por todo ello concretan su propuesta en:

1. La realización de un Pleno municipal extraordinario y monográfico sobre las conclusiones del servicio de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Barcelona, que por su actualidad no se demore mas allá del 15 de abril
2. La entrega de una copia del decreto de Fiscalía, a cada uno de los miembros del Consistorio, antes de la realización del Pleno.
3. La realización y entrega a los miembros del Consistorio de un dossier de prensa lo más exhaustivo posible en cuanto a medios informativos, diarios, blocs y foros digitales, elaborado por el servicio de prensa municipal, antes de la realización del Pleno.
4. Que se dé cuenta expresa de la convocatoria del Pleno, a las entidades asociativas y Asociaciones de vecinos de Viladecavalls.

El Tribunal Supremo ha declarado abusivas y, como tales, nulas, 13 cláusulas de contratos de entidades financieras

La sentencia recién dictada por el Tribunal Supremo pone fin al proceso iniciado por la OCU en enero de 2003 mediante el cual solicitaba que se declarasen abusivas y por tanto nulas, varias de las cláusulas que muchas entidades financieras aplicaban a sus clientes, por ejemplo, en los contratos de tarjetas o al contratar préstamos hipotecarios.

Se mantiene la nulidad de muchas cláusulas La sentencia del Tribunal Supremo mantiene la nulidad de todas las cláusulas declaradas nulas por la Audiencia Provincial, es decir La cláusula que impide al consumidor conocer qué comisiones le van a cobrar, información fundamental para saber si las condiciones son o no interesantes. La que obliga al consumidor a acudir a tribunales distintos a los que corresponderían en función de su domicilio u otros fueros que les reconoce la ley. La que obliga al usuario a hacerse cargo de todos los gastos que suponga un proceso judicial, es decir, tanto las facturas de su abogado y procurador como las del banco, sea cual sea el resultado. La cláusula del contrato que traslada la responsabilidad al consumidor en el caso de que alguien falsifique un cheque y lo cobre, sean cuales sean las circunstancias. La cláusula por la que la entidad elude la responsabilidad por el mal funcionamiento de un cajero automático si se acude al mismo y no da el dinero solicitado, aunque el recibo indique que sí se ha realizado la operación. La cláusula por la que la entidad se reserva la posibilidad de rescindir un contrato de préstamo hipotecario por cualquier causa. La cláusula por la que se hace vencer un préstamo hipotecario cuando se deniegue la inscripción de la escritura aunque la no inscripción sea culpa de la entidad Aquélla por la que la entidad se libera de cualquier responsabilidad por los daños causados por los fallos producidos durante la transmisión de cualquier operación por vía informática. Y declara nulas nuevas cláusulas Además, el Supremo también considera cláusulas nulas otras 5:
Poder compensar una deuda a cualquier titular de una cuenta, con independencia de que sea atribuible a uno, a algunos o a todos los titulares por su indefinición (esta cláusula figuraba en los contratos del BBVA; acepta la expresión de esta cláusula de otras entidades). Eximirse de toda responsabilidad de la entidad por extravío o sustracción de la tarjeta o la libreta, antes de que el titular notifique la pérdida. Resolver anticipadamente el préstamo, por la posible disminución patrimonial del prestatario. Prohibir vender o enajenar el bien que garantiza la hipoteca. Eximirse de la obligación de comunicar la cesión de préstamo a terceros. Además, el Tribunal Supremo rechaza el recurso de Caja Madrid en el único punto que aceptó, con lo cual todos los recursos interpuestos por las entidades financieras denunciadas quedan definitivamente "muertos".

La sentencia ya es firme, con lo que queda en pie lo establecido por la sentencia de la Audiencia Provincial, en el sentido de que la nulidad se extiende a "cualesquiera entidad bancaria o financiera que oferte en sus contratos alguna de las cláusulas declaradas nulas" y lo establecido en la sentencia del Juez de Primera Instancia que condena a las demandadas a "publicar a su costa por cuartas partes, en el plazo de quince días esta sentencia en un diario de máxima circulación de Madrid".

Ahora sólo queda pendiente la inscripción de estas cláusulas en el Registro de Condiciones Generales de Contratación como abusivas, para que su eficacia afecte a todos los consumidores que tengan una de estas cláusulas en sus contratos

El Pleno municipal de Viladecavalls tratará una propuesta de movilización ciudadana, para rechazar la propuesta del gobierno de alargar la jubilación

La moción tiene el aval de los concejales Conchi Martínez Carrero y Francisco García Cano, haciéndose eco del malestar social que han generado las propuestas del gobierno de Zapatero, refrendadas en Catalunya por el PSC.
La propuesta señala que ante la situación de crisis provocada por los mercados del capital, toda la sociedad se resiente pero especialmente aquella parte más débil cuya situación es precaria por la carencia de ingresos o por sencillamente el paro, que se sitúa sobre los cuatro millones de personas.

Ante este panorama los gobiernos han de ser valientes y tomar medidas que sirvan para generar confianza, empleo y mejorar la economía, pero esas medidas no deben tomar el camino fácil, el de cargar los sacrificios en los de siempre, las capas trabajadoras laboralmente menos cualificadas.

Los concejales del exPSC de Viladecavalls afirman que las políticas laborales desde la transición del franquismo no han equiparado a los trabajadores en España, con el nivel de prestaciones, servicio y calidad de vida existente en Europa, esa desigualdad ha sido sistemáticamente ocultada e ignorada por los gobiernos sucesivos, especialmente aquellos que reclamándose de izquierdas desarrollan políticas económicas de corte liberal, de centro derecha, y en ocasiones van en sus propuestas mas lejos que la misma derecha.

Cuando hay mas de un millón de familias cuya totalidad de sus miembros están en paro, y cuando aún no se han apagado los ecos de las inyecciones económicas a los bancos, sin contraprestaciones, la sociedad se ha visto sorprendida por noticias y propuestas que atacan directamente a la totalidad del mundo del trabajo, como el alargar la jubilación a los 67 años, o aumentar hasta 25 años el computo para los cálculos de pago de la prestación de jubilación. Curiosamente esas propuestas salen de colectivos sociales que tienen condiciones especiales para jubilarse, y cobran sueldos que no tienen nada que ver con la realidad laboral.

La propuesta para que el Pleno se pronuncie es:

1. Mostrar su rechazo a la propuesta de alargar los cómputos y la edad de la jubilación más allá de los 65 años.

2. Instar a los gobiernos de la Generalitat y del Estado, a paralizar cualquier acción, Ley o acuerdo que suponga alargar la jubilación a los 67 años, salvo en los casos que la decisión sea voluntaria.

3. Apoyar las acciones de los sindicatos que se opongan a estas medidas, promoviendo la participación de la ciudadanía.

Tres concejales de Viladecavalls proponen que el Ayuntamiento se pronuncie en contra del Canon Digital

Los concejales Conchi Martínez Carrero, Francisco García Cano, y Francisco Vega Aragón, miembros del Consistorio del Ayuntamiento de Viladecavalls, presentan al Pleno del próximo jueves la propuesta de resolución sumándose a la plataforma TCC http://www.todoscontraelcanon.es/ integrada por:
32 organizaciones sociales entre las que hay asociaciones de usuarios, empresariales, sindicales y profesionales.
29 ayuntamientos que han aprobado en pleno su adhesión y representan a 1.286.910 ciudadanos.
4.920 organizaciones sociales que agrupan a 1.222.082 personas.
1.142.891 ciudadanos que han firmado en el ámbito individual con su nombre, apellidos y DNI.

La propuesta sobre este controvertido tema, se realiza cuando a la vez se está tramitando el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) con la intención de modificar algunos de sus aspectos. En resumen se trata de no pagar el Canon Digital, y dotar de mas garantías a los ciudadanos delante de la pretensión del gobierno de cerrar prácticamente sin posibilidad de defensa de los usuarios, entre otras cosas, los accesos a Internet.

En relación con el CANON DIGITAL
1.- Que en virtud de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se ha llevado a cabo la transposición de la Directiva 29/2001/CE, sobre derechos de propiedad intelectual en la sociedad de la información y se ha procedido, entre otras cosas, a la reforma del régimen de la compensación equitativa por copia privada, reconociendo explícitamente la aplicación del sistema de compensación por copia privada a los dispositivos digitales y definiendo un procedimiento específico para la determinación de la compensación equitativa aplicable a los dichos equipos, aparatos y soportes materiales digitales.

2.- Que la ORDEN PRE/1743/2008, de 18 de junio, estableció la relación de equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digitales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción. En lo sucesivo, a esta compensación la denominaremos "Canon digital", que es la terminología con la que se denomina popularmente este pago de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos por el uso de dichos equipos y soportes electrónicos.

3.- Que los equipos y dispositivos afectados por el Canon Digital se usan para múltiples funciones, la mayor parte de estos usos están relacionados con la propia actividad y los propios contenidos generados por la persona, física o jurídica que los adquirió, siendo en muchos casos utilizados para actividades que nada tienen que ver con la reproducción para fines privados conforme se define en el artículo 31.2 del el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, de contenidos sujetos a derechos de propiedad intelectual (fotos, vídeos y datos personales, actividades administrativas, profesionales y empresariales, …).

4. El Canon Digital. Además de introducir un sobre coste en estos equipos y soportes, que no se aplica de la misma forma en otros países de la UE, obliga a pagar a todos los ciudadanos, empresas y administraciones una compensación por algo que no han utilizado (es decir, se produce un pago sin contraprestación alguna), siendo además destinatarias del mismo entidades de ámbito privado que defienden intereses de carácter privado.

5. El Canon digital genera, además, sobre costes desproporcionados que algunos casos superan el 50% del precio del producto, lo que afecta negativamente a su potencial comercialización y al acceso a dichos productos por parte de múltiples colectivos, lo que supone un lastre para el desarrollo de la sociedad de la información y para el cambio de modelo productivo que debe de apoyarse en el uso intensivo de las nuevas tecnologías.

6.- Que tras más de 18 meses desde la aprobación de la ORDEN PRE/1743/2008, habiendo vencido ya el periodo de vigencia inicialmente previsto para la misma y habiéndose producido una prórroga tácita de la misma, hemos conocido que el Canon Digital también tiene un impacto negativo en la mayoría de los autores, que son según la ley a quienes debería compensar, ya que el Canon Digital que ellos pagan al adquirir los equipos y soportes, que utilizan para su actividad diaria es, mayor que la compensación que reciben por ese mismo concepto. Tal y como demuestran diversos estudios e informes, el más reciente el elaborado por la Comisión Nacional de la Competencia. Igualmente, otro informe hecho por la Administración española (Agencia de Evaluación y Calidad – AEVAL, 2009) muestra que el canon por copia privada tiene un peso específico en los ingresos de las Entidades de Gestión de derechos de propiedad intelectual (20% del total de ingresos; 97,11 millones de euros en 2007 y que los repartos de las cantidades se concentran en muy pocas manos. En concreto, el informe de AEVAL muestra que el 75% de las cantidades repartidas se asigna a los siguientes porcentajes de perceptores:
- SGAE: 1,73% de los perceptores
- CEDRO: 4,32% de los perceptores
- VEGAP: 10,66% de los perceptores
- DAMA: 16,3% de los perceptores
- AIE: 5,68%
- AISGE: 2,59%
- AGEDI: 1,75%
- EGEDA: 4,07%
Esto demuestra que los verdaderos beneficiarios del canon son:
- En primer lugar las propias Entidades de Gestión, que detraen del mismo las correspondientes cantidades por descuento de administración y gestión, más el previsto legalmente para actividades asistenciales, promocionales y de formación (lo que en total supera de media el 30% del importe recaudado por el canon, sin contar las cantidades adicionales pendientes de reparto por no identificación del titular y que finalmente se quedan en la Entidad de Gestión);
- En segundo lugar, unos pocos de sus socios que reciben la mayor parte de los ingresos (por ejemplo, el 1,73% de los perceptores de SGAE, tal y como se
demuestra arriba, lo que supone alrededor de 600 asociados).

En relación con la remuneración que cobra a determinados locales
7.- Las entidades de Gestión de Derecho de Propiedad Intelectual actúan, según el informe de la CNC, en régimen de monopolio estableciendo de forma unilateral qué locales y qué negocios deben de pagar una remuneración por el simple hecho de tener una radio o una televisión en sus locales, estableciendo arbitrariamente la cuantía de la misma.,. Este hecho supone una limitación y discriminación arbitraria en el derecho a la libertad de información y al disfrute de estos medios de comunicación para los trabajadores de esos sectores o de esos puestos de trabajo y una doble imposición ya que esos medios de comunicación ya han pagado los derechos de comunicación pública de los contenidos emitidos a las mismas entidades.

8.- Que es práctica habitual de las entidades de gestión el exigir el pago de derechos de propiedad intelectual en todo tipo de actos culturales, aunque estos tengan carácter de acto benéfico, aun cuando sean de carácter gratuito, aun cuando no se trate de obras que corresponden al repertorio de la entidad de gestión (repertorio que no se puede comprobar de modo alguno) y aun cuando el propio titular haya renunciado al cobro de cantidad alguna por dicho acto cultural. Todo esto va en contra de la difusión de la cultura y provoca un continuo malestar social.

En relación con la Ley de Economía Sostenible (LES)
9.- Que el Gobierno ha presentado un Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible (LES) cuyo objetivo es introducir cambios normativos que redunden en una mejora de la economía a favor de la sostenibilidad y propiciando el cambio de modelo productivo.

10.- Que la LES incluye una Disposición Final Primera que introduce diversas
modificaciones legales con el objetivo de reforzar las medidas de protección de la propiedad intelectual en el ámbito de la Sociedad de la Información, y dentro del plazo concedido al efecto por el Consejo de Ministros en reunión de 8 de enero de 2010 queremos hacer constar que:

a) El Anteproyecto incluye el principio de "salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" en la enumeración contenida en el artículo 8 de la LSSICE, al mismo nivel que el orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la defensa nacional, la protección de la salud pública o de los consumidores o usuarios, la dignidad de la persona y el principio de no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, y la protección de la juventud y de la infancia. Esa modificación legal permitiría a la administración competente (en este caso la segunda sección de la Comisión del Ministerio de Cultura) la adopción de medidas encaminadas a interrumpir la prestación de servicios de la sociedad de la información, o para retirar datos, que "atenten o puedan atentar" contra dicho principio.
La fórmula propuesta resulta, sin embargo, gravemente indeterminada. El concepto de "principio de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual" carece de una definición en nuestro ordenamiento. Tampoco hay en el texto ninguna indicación sobre lo que se considera un "atentado" contra dicho principio. En la aplicación de la norma podría plantearse la duda sobre si esa expresión se refiere sólo a conductas que a día de hoy constituyen infracciones del Código Penal o de la vigente LPI, o si cabe considerar "atentado" contra dicho principio" a otras conductas que a fecha de hoy no pueden calificarse como tales infracciones. La falta de determinación resulta más grave aún porque el precepto no requiere que la actividad de que se trate atente efectivamente contra el mencionado principio, sino que basta la mera posibilidad ("puedan atentar"). La falta de claridad sobre cuáles son las conductas prohibidas vulnera frontalmente los principios de legalidad y de seguridad jurídica (art. 9.3. de la CE), y el principio de tipicidad de las normas sancionadoras (art. 25.1. de la CE), lo cual resulta especialmente preocupante, además, dada la gravedad de las consecuencias de la norma, que puede conducir a la interrupción de la actividad de prestadores de servicios de la sociedad de la información y a la retirada de contenidos.
En este sentido, nos podemos preguntar si "atenta" o "puede atentar" contra el principio de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual por ejemplo la compra por consumidores españoles de productos digitales sometidos al Canon Digital en España hecha en sitios web situados en otros estados miembros de la Unión Europea que no imponen el Canon Digital (por ejemplo Reino Unido), o la descarga lícita de música en un sitio web de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que no tiene en vigor un derecho de remuneración por la puesta a disposición de prestaciones protegidas como el que existe en el art. 108.3 TRLPI (ya que España es el único país de la Comunidad Europea donde existe esa remuneración), o el mostrar en un motor de búsqueda enlaces a cualesquiera materiales protegidos por derechos de propiedad. ¿Se autoriza a la Comisión de la Propiedad Intelectual a interrumpir la prestación de estos servicios de la sociedad de la información en estos casos?

b) El mecanismo de control judicial de la ejecución de las resoluciones de esa Comisión nos parece manifiestamente insuficiente. En primer lugar, según la propuesta de redacción del artículo 122 bis de la Ley 29/1998, la intervención judicial se limitaría a autorizar la ejecución de las resoluciones de la Comisión de Propiedad Intelectual, y sólo sería preceptiva en los casos en que tales resoluciones pudieran afectar a las libertades de expresión, opinión e información. La intervención judicial se limita, por tanto, desde el punto de vista material, a un examen de la posible vulneración de derechos fundamentales, y excluye un control de legalidad pleno. Por otro lado, en el tercer apartado de este mismo artículo se establece un plazo improrrogable de 4 días para la celebración de la vista desde que la Comisión hubiera notificado al Juzgado su resolución. Ese plazo, con el que se pretende que el proceso sea lo más ágil y eficaz posible, hace imposible para el administrado articular una defensa frente a la resolución de la Comisión, ello por no hablar de la intervención del fiscal, quien no tendrá en ese plazo la menor posibilidad de tomar conocimiento del asunto ni de valorar la eventual colisión de derechos, ni, por tanto, de cumplir su función. El hecho de que, además, se excluya un control judicial de legalidad ordinaria previo a la ejecución de la resolución deja al ciudadano absolutamente indefenso.
Para garantizar el derecho de defensa y cumplir las exigencias del artículo 24.1 de la CE, la intervención judicial debería permitir un control de legalidad de la resolución de la Comisión pleno, sobre el fondo y la forma, con carácter previo a su ejecución. Los plazos del procedimiento deberían ampliarse, además, para garantizar al ciudadano la defensa de sus derechos.

c) El procedimiento previsto no contempla más actuaciones de la Administración que la interrupción del servicio o la retirada de datos. A nuestro juicio, esas medidas no responden al principio de proporcionalidad que rige en el derecho administrativo sancionador (artículo 131 de la LRJPAC). Es necesario, en efecto, que exista una correlación entre las sanciones administrativas y las circunstancias del caso (gravedad, intencionalidad, reiteración, existencia de perjuicios, reincidencia, ...). La nueva normativa debería prever una escala de medidas administrativas y de sanciones graduada, y proporcional, en función de la gravedad de las circunstancias de la actividad de que se trate. Podría, por ejemplo, contemplarse la posibilidad de realizar amonestaciones a quienes incurran en infracciones por primera vez, o acordar interrupciones temporales de acceso, antes de proceder a la interrupción definitiva de un servicio.

d) Esta ley es ineficaz por varias razones: los programas de intercambio entre particulares están evolucionando abandonando la fórmula de las webs de enlaces y volviendo a la filosofía de redes totalmente descentralizadas, más difíciles de perseguir si no se interviene la propia conexión del usuario ya que no necesitan sitios en la Web para localizar los archivos: el propio programa cliente tiene un buscador que indaga quién ofrece el contenido buscado que se actualiza y crece. Por otro lado los servidores de contenidos pueden ubicarse en espacios donde esta práctica no sea ilegal y los usuarios pueden sortear los controles que se pudieran establecer s a través de los ISPs anonimizando las direcciones IP que utilicen para llegar a ellos.

(e) Esta disposición se ha incluido en la LES sin dar la oportunidad a los diferentes agentes sociales de pronunciarse al respecto obviando que en estos momentos se esta debatiendo en el Congreso de los Diputados una reforma en profundidad de la Ley de Propiedad Intelectual, que es donde debería tener su encaje una regulación como la que se propone, lo cual ha generado un enorme malestar no sólo entre los grupos políticos que están trabajando en ello, sino en toda la ciudadanía. Por otro lado, este asunto es objeto de debate en el seno de las instituciones de la Unión Europea, que podría armonizar la regulación existente al respecto en todos los países de la UE y por tanto es necesario contemplar lo que esta aconteciendo en Europa antes de tomar una iniciativa legislativa en esta materia.

Por todo ello, en virtud de los puntos expuestos, SOLICITAN al Congreso de Diputados y al Gobierno de España:
1) Que se elimine el actual texto de la Disposición Final Primera del Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible por la inseguridad jurídica y la ineficiencia que plantea esta disposición tal y como está redactada,

2) Que se introduzca en esta Disposición Final Primera una disposición normativa en virtud de la cual:
• 2.1.- Se ordene la eliminación del Canon Digital en un plazo máximo de 2 años y la progresiva reducción de los importes a pagar conforme al listado de
dispositivos previstos en la ORDEN PRE/1743/2008, pasando a financiarse la compensación equitativa por copia privada por otros medios, en su caso.
• 2.2.- No se permita el cobro de remuneraciones por el mero hecho de disponer de equipos de radio o de televisión en locales, negocios y/o vehículos.
• 2.3.- Se exima el pago de derechos de comunicación pública en todos aquellos actos y actividades que sean de carácter benéfico o gratuito, excluyendo dichos eventos del ámbito de la gestión colectiva obligatoria.
• 2.4.- Que la compensación equitativa por copia privada se establezca directamente sobre las obras que lo generan de esta forma paga el que adquiere la obra que genera el derecho a la copia privada.

3) Se dé conocimiento de este acuerdo, a las Asociaciones de Vecinos y de Comerciantes de Viladecavalls, al Parlament de Catalunya, al gobierno de la Generalitat, al Congreso de Diputados, al Consejo de ministros del gobierno de España.

Documentos e Informes relacionados
INFORME SOBRE LA GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA, Diciembre 2009
http://aui.es/IMG/pdf_informe_competencia_entidades_gestion.pdf
"La posición monopolística de las entidades reduce sus incentivos a operar de modo eficiente y facilita la aparición de una serie de problemas. Por un lado, el establecimiento de tarifas inequitativas y/o discriminatorias. Por otro, las dificultades para que los usuarios gestionen de modo eficiente sus costes y para que se desarrollen mercados no tradicionales de explotación de obras y prestaciones."

INFORME SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN COLECTIVA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, Mayo de 2009
http://aui.es/IMG/pdf_InfoAEVALpropintelectual-1.pdf
"Muestra que el canon por copia privada tiene un peso específico en los ingresos de las Entidades de Gestión de derechos de propiedad intelectual (20% del total de ingresos; 97,11 millones de euros en 2007) y que los repartos de las cantidades se concentran en muy pocas manos."

DICTAMEN SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, ELABORADO POR EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, Enero de 2010
http://www.ces.es/servlet/noxml?id=CesColContenido%20M01265021938426%7ES2731030%7ENDic012010.pdf&mime=application/pdf
"A juicio del CES, el desarrollo integral de la Sociedad de la Información constituye un elemento estratégico para el progreso económico y la cohesión social y territorial, así como para la sostenibilidad, por lo que su regulación debe ser abordada de modo transversal y no de modo fragmentado, como se hace en el Anteproyecto. En este sentido, el CES entiende que el texto del Anteproyecto no guarda coherencia con el propio enunciado del Capítulo, al no contemplar la profusión de medidas relacionadas con el impulso a la sociedad de la información, que promueve de forma mucho más amplia y transversal una economía digital abierta y competitiva, y estimula el desarrollo de las tecnologías de la información (TIC)."

INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/pjexaminarinforme.html&TableName=PJINFORMES&dkey=530
"Cabe la duda de si la Sección Segunda CPI podrá efectuar una previa ponderación acerca de si, en el caso particular, es necesario recabar o no esa autorización judicial. Dicho de otro modo, no termina de quedar claro si la intervención judicial deberá producirse en todos y cada uno de los casos en los que la Comisión haya resuelto interrumpir un servicio de la sociedad de la información o retirar ciertos datos o contenidos, o únicamente cuando, dadas las circunstancias, la propia Comisión estime que esa interrupción o retirada pueden llegar a comprometer alguno de los derechos o libertades enumerados en el artículo 20 CE. Abona esta incertidumbre la dicción empleada por el proyectado artículo 158.4.II TRLPI, que se apoya en el empleo del verbo "poder" conjugado en subjuntivo e introducido por la locución conjuntiva "en cuanto" ("en cuanto puedan afectar"), lo que podría dar a entender que sólo procederá esa previa intervención judicial en una parte de los casos, admitiéndose también la hipótesis contraria, esto es, que esas medidas puedan no afectar a los mencionados derechos y libertades."

LISTADO DE ORGANIZACIONES DE LA PLATAFORMA TODOSCONTRAELCANON.ES ORGANIZACIONES PROMOTORAS
Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España , AETIC
Asociación de Estudiantes de Ingenieros de Informática, RITSI
Asociación de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática, ALI
Asociación de Internautas, AI
Asociación de Música en Internet, AMI
Asociacion de Profesores de Informática de Madrid, APIMADRID
Asociación de Técnicos de Informática, ATI
Asociación de Usuarios de Internet , AUI
Asociación de Usuarios de Linux, HISPALINUX.ORG
Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon, VACHE
Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon, VACHE
Asociación Española de Mujeres Empresarias de Madrid, ASEME
Asociación Española de PYMES de Informática y Nuevas Tecnologías, APEMIT
Asociación Española de Reprografía, AER
Asociación Internauta - Usuarios de Internet de la Republica Argentina, Argentina
Asociación Internauta - Usuarios de Internet do Brasil, Brasil
Asociación Nacional de Empresas de Internet, ANEI
Asociación Nacional del Comercio Especialista de Fotografía, ANCEFOTO
Asociación para la Promoción de la Investigación y la Consultoría Estratégica, APICE
Associació d’Empreses d’Informàtica i Tecnologies de la Comunicació, ASEITEC
Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana, COIICV
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de telecomunicaciones, COITT
Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Castilla y León, CPIICYL
Comisión de Libertades e Informática, CLI
Comisiones Obreras: Servicios Financieros y Administrativos, COMFIA - CC. OO.
Confederación de Comercio Especializado de Madrid, COCEM
Confederación Española de Asociaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios,
CEACCU
Confederación general de las pequeñas y medianas empresas del estado Español, COPYME
Federación de Asociaciones de Ingenieros en Informática, AI2-MADRID
Federación de Consumidores en Acción, FACUA
Internet&Euskadi ,
Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa, OMEGA
Unión de Organizaciones de pequeña y mediana empresa y empresarios autónomos de Madrid,
UNIPYMEmadrid

AYUNTAMIENTOS ADHERIDOS ( MOCIÓN APROBADA EN PLENO)
BENISSA
EL PEDERNOSO
BOLBAITE
CALATAYUD
CERVO
COLMENAR VIEJO
EL ROBLEDO (CIUDAD REAL)
ESCALONILLA
ESPARRAGALEJO
GINES
JUNTA ADMINISTRATIVA DE
LANGARIKA ALAVA
LEÓN
LESPLUGA CALBA
MÁLAGA
MOLINA DE SEGURA
MONTILLA
O INCIO
QUATRETONDA
RUBI DE BRACAMONTE
SAN FERNANDO (CADIZ)
SANTANDER
SOCUELLAMOS
SÚRIA
TEULADA
TOTANA
VALDESANGIL
VENTA DEL MORO
VILLAVERDE DE ISCAR
YECLA

Si, es Indecente

Indecente, es que el salario mínimo de un trabajador/a sea de 624 €/mes y el de un "Sr./Sra." diputad@ 3.996 €/mes, pudiendo llegar con dietas y otras prebendas a los 6.500 €/mes.

Indecente, es que un ciudadano tenga que cotizar 35 años para percibir una jubilación y a los "Srs./Sras.." diputad@s les baste con "SOLO" siete años y los miembros del gobierno, para cobrar la pensión máxima necesiten solo jurar el cargo.

Indecente, es que los diputad@s sean exentos de tributar un tercio de su sueldo del IRPF.

Indecente, es el coste que representa para los demás ciudadanos, sus comidas, sus coches oficiales, sus chóferes, sus viajes y sus tarjetas de crédito.

Indecente, es que sus señorías cuando cesan en sus cargos, tengan un colchón del 80% del sueldo durante 18 meses.

Indecente, es que ex-ministros, ex-secretarios de estado y ex-altos cargos de la política cuando cesan pueden legalmente percibir dos salarios del erario público.

Indecente, es que se utilice a los medios de comunicación para transmitir a la sociedad que los funcionarios solo representan un coste para el bolsillo de los ciudadanos, oculten sus privilegios y prebendas e intenten enfrentar a la sociedad contra quienes de verdad les sirven.

¡¡¡INDECENTES!!!

Sueldos de 10 políticos
1. Presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla 164.043,54 euros
2. Presidente de la Diputación de Barcelona, 144. 200 euros.
3. Alcalde de Barcelona, Jordi Hereu 117.398 euros
4. Presidente de la Diputación de Lleida, Jaume Gilabert 108.220 euros
5. Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón 100.743 euros
6. Presidente País Vasco, 99.574 euros
7. Presidente de la Diputación de Vizcaya, 99.540 euros.
8. Presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre 98.700 euros
9. Presidente de la Diputación de Girona, Enric Vilert 98.000 euros
10. Presidente de la Diputación de Palencia, Enrique Martín 97.339 euros
Sumar dietas diversas: desplazamientos, estáncia, locomoción.., y uso de partidas presupuestarias como la de representación institucional..

Alcaldes mejor pagados (salario anual)
1..- Barcelona - Jordi Hereu 117.398 euros
2.- Madrid - Alberto Ruiz Gallardón 100.743 euros
3. Bilbao - Iñaki Azcuna 92.873 euros
4. Zaragoza - Juan alberto Belloch 92.414 euros
5. Valladolid - Francico Javier León de la Riva 91.000 euros
6. Valencia - Ritá Barberá 90.296 euros
7 .Castellón - Alberto Fabra 88.000 euros
8. Vitoria - Patxi Lazcoz 85.570 euros
9. Oviedo - Gabino de Lorenzo 84..588 euros
10. Tenerife - Miguel Zerolo 84.445 euros
11. San Sebastián - Odón Elorza 82.091 euros
12. Huelva - Pedro Rodríguez 81.014 euros
13. Lleida - Ángel Ros 80..645 euros
14. Málaga - Francisco de la Torre 77.678 euros
15. Badajoz - Miguel Ángel Celdrán 73.500 euros
16. Santander - Iñigo de la Serna 72.416 euros
17. Alicante - Luis Diaz Alpieri 72.000 euros
18. Murcia - Miguel Ángel Cámara 72.000 euros
19.Ourense - Francisco Rodríguez 72.000 euros
20. Almería - Luis R. Rodríguez Comendador 71.005 euros
21. Salamanca - Julián Lanzarote 70.872 euros
22. Las Palmas - Jerónimo Saavedra 68.148 euros
23. Cuenca - Francisco Javier Pulido 68.000 euros
24. A Coruña - Javier Losada 66.942 euros
25. Burgos - Juan Carlos Aparicio 66.942 euros
26. Cádiz - Teofila Martínez 66.942 euros
27. Guadalajara - Antonio Román 66.492 euros
28. Ciudad Real - Rosa Romero 66.476 euros
29. Granada - José Torres 65.977 euros
30. Zamora - Rosa Baldeón 64.950 euros
31. Sevilla - Alfredo Sánchez Monteseirín 64.450 euros
32. Albacete - Manuel Pérez 63.434 euros
33. Córdoba - 63.260 euros
34. León - Francisco Fernández 63.206 euros
35. Lugo - José López Orozco 63.000 euros
36. Palma de Mallorca - Aina Calvo 62.356 euros
37. Pamplona - Yolanda Barcina 61.982 euros
38. Girona - Anna Pagans 60.924 euros
39. Segovia - Pedro Arahuetes 60. 824 euros
40. Toledo - Emiliano García 60.389 euros
41. Cáceres - María Carmen Heras 60.200 euros
42. Pontevedra - Miguel Ángel Fernández 60.000 euros
43. Soria - Carlos Martínez 60.000 euros
44. Jaén - Carmen Purificación Peñalver 59.044 euros
45. Logroño - Tomás Santos 58.000 euros
46. Ávila - Miguel Ángel García 58.000 euros
47. Navalmoral de la Mata – Rafael Mateo Yuste 48.688 euros
48. Teruel - Miguel Ferrer 47.000 euros
49.Palencia - Heliodoro Gallego 45.057 euros
50. Tarragona - Joseph Félix Ballesteros 33.264 euros
Sumar dietas diversas de estáncia, locomoción.., y uso de partidas presupuestarias como la de representación institucional..

Presidentes de comunidades autónomas (salario anual)
1. José Montilla - Cataluña 164.043,54 euros
2. País Vasco 99.574 euros
3. Esperanza Aguirre - Madrid 98.700 euros
4. Marcelino Iglesias - Aragón 87.000 euros
5. Galicia 83.374 euros
6. Paulino Rivero - Canarias 79.963 euros
7. Andalucía 78.791 euros
8. Juan Vicente Herrera- Castilla y León 78.791 euros
9. José María Barreda - Castilla La-Mancha 78.791 euros
10. José Luis Valcárcel - Murcia 78.791 euros
11. Miguel Sanz - Navarra 78.227,94 euros
12. Francisco Camps - C. Valenciana 77.988,24 euros
13. Francesc Antich - Baleares 70..657,86 euros
14. Miguel Ángel Revilla - Cantabria 68.666 euros
15. Vicente álvarez Areces - Asturias 68.002 euros
16. Pedro Sanz - La Rioja 63.376,32 euros
17.Guillermo Fernández Vara - Extremadura 54.244,56 euros
Sumar dietas diversas de estáncia, locomoción.., y uso de partidas presupuestarias como la de representación institucional..

Presidente de las diputaciones provinciales (salario anual)
1. Barcelona - 144.200 euros
2. Lleida - Jaume Gilabert 108.220 euros
3. Vizcaya - José Luis Bilbao 99.540 euros
4. Girona - Enric Vilert 98.000 euros
5. Palencia - Enrique Martín 97.339 euros
6. Álava - Xabier Aguirre 92.596 euros
7. Castellón - Carlos Fabra 92.400 euros
8. Tarragona - Josep Poblet 92.000 euros
9. Málaga - Salvador Pendón 89.000 euros
10. Teruel - Antonio Arrufat 85.000 euros
11. Ávila - Agustín González 83. 521 euros
12. Toledo - José Manuel Tofiño 82.908 euros
13. Gran Canaria - José Miguel Pérez 81.538 euros
14. León - Isabel Carrasco 80.920 euros
15.. Almería - Juan Carlos Usero 79.660 euros
16. Zaragoza - Javier Lambán 78.000 euros
17. Valencia - Alfonso Rus 77.988 euros
18. Pontevedra - Rafael Louzán 77.988 euros
19. Coruña - Jesús Salvador Fernández 77.988 euros
20. Salamanca - Isabel Jiménez 77. 591 euros
21. Tenerife - Ricardo Melchior 76.968 euros
22. Cádiz - Francisco González 76.000 euros
23. Lanzarote - Manuela Armas 75.995 euros
24. Ciudad Real - Nemesio De Lara 72.991 euros
25. Segovia - Javier Santamaría 72.568 euros
26. Ourense - José Luis Baltar 72.408 euros
27. Alicante - José Joaquín Ripoll 72.061 euros
28. Valladolid - Ramiro F. Ruiz 70.000 euros
29. Fuerteventura - Mario Cabrera 69.566 euros
30. Albacete - Pedro Antonio Ruiz 68.600 euros
31. Cáceres - Juan Andrés Tovar 68.236 euros
32. Badajoz - Valentín Cortés 68.236 euros
33. Cuenca - Juan Manuel Ávila 68.002 euros
34. Mallorca - Francina Armengol 68.000 euros
35. Huelva - Petronila Guerrero 67.490 euros
36. Ibiza - Xico Tarrés 66.000 euros
37.Jaén - Felipe López 66.000 euros
38. Soria - Efrén Martínez 63.639 euros
39. Menorca - Joana Barceló 63.100 euros
40.Granada - Antonio Martínez 62.493 euros
41. Zamora - Fernando Martínez 61.734 euros
42. Córdoba - Francisco Pulido 61.336 euros
43. Burgos - Vicente Orden 59. 990 euros
44. Guadalajara - María Antonia Pérez 59.336 euros
45. Sevilla - Fernando Rodríguez 51.936 euros
La lista podria seguir con los sueldos de los alcaldes de las cercanias...
Sumar dietas diversas de estáncia, locomoción.., y uso de partidas presupuestarias como la de representación institucional..

NOTA IMPORTANTE: Algunos nombres pueden estar desactualizados, como algunos sueldos. Las cantidades aún serán mayores.

No a esta Ley audiovisual

La tramitación en el Senado de la Ley General de Comunicación Audiovisual responde a intereses de las grandes empresas de Comunicación en vez de desarrollar normativamente el ejercicio del derecho a la comunicación audiovisual, observando todos los factores necesarios, como la garantía y promoción del servició público, la calidad en el empleo y los derechos laborales, y la pluralidad informativo así como el acceso y la participación social a los medios audiovisuales.

Esta ley sigue el mismo camino que las ultimas medidas en materia audiovisual realizadas por el Gobierno retirada de la financiación por publicidad de RTVE, fusión de las televisiones privadas, TDT de pago,… Se trata de leyes que se han desarrollado con prisas, sin debate, de espaldas a la ciudadanía y sin contar con los agentes sociales, solo dando respuesta a los intereses de UTECA

El proyecto de ley que se está tramitando pone en riesgo la viabilidad del sector audiovisual, el texto elimina el concepto de servicio público para los prestadores privados exonerándolos de las obligaciones y responsabilidades a pesar de que se benefician del uso de un recurso común como es el espectro radio-eléctrico.

Con esta desregulación del sector se pone en el disparadero miles de puestos de trabajo ante la tendencia a la subcontratación y precarización del empleo, también se derogan el Estatuto de la Radio y Televisión Pública y la Ley del Tercer Canal, abriéndose la posibilidad de que la gestión del servicio publico de comunicación audiovisual pueda cederse a terceros permitiéndose la privatización total o parcial de la organización, producción y emisión de los canales públicos de nueva creación.

Se ponen impedimentos al desarrollo de las emisoras comunitarias y no se garantiza su existencia además de que el contenido del proyecto de Ley no se destina al interés general y al desarrollo de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a recibir una información plural. Más bien reduce la figura del ciudadano a la de consumir de los medios de comunicación.

El actual Proyecto de Ley responde a los intereses de las grandes empresas del sector de la comunicación y no al interés general, una Ley Audiovisual que sea fruto de un verdadero debate y contenga las siguientes propuestas:

Medidas para garantizar la pluralidad en los medios y obligaciones destinadas a los operadores privados para que cuenten con una programación de calidad que atienda al interés general, un porcentaje de producción propia.

Medidas para el mantenimiento del empleo estable y de calidad, el cumplimiento de los compromisos de contratación por parte de los medios privados, impidiendo la subcontratación y precarización del trabajo.

Garantías para el futuro y la viabilidad de RTVE y de sus centros territoriales, evitando aprovechar la carencia de recursos actuales para externalizar la producción.

Medidas para impedir la privatización total o parcial de las radiotelevisión autonómicas

La existencia de Consejos informativos y estatutos de redacción, para garantizar una información independiente y de calidad.

El fomento de la participación ciudadana en los medios de comunicación, garantizando el derecho de acceso en los medios o medidas que garanticen la viabilidad de las emisoras comunitarias

Un regulación que de estabilidad al sector audiovisual y que garantice un servicio a la ciudadanía.

Cierran los cines en Cataluña, en huelga por la ley de cuotas lingüísticas impuesta por el PSC-ERC-IC-V

Un total de 576 pantallas de las 790 que hay en Cataluña han cerrado sus puertas al público como acto de protesta contra la ley del cine catalán aprobada por la Generalitat, lo que representa un 75% de las salas, según ha explicado el presidente del Gremio de Empresarios de Cine, Camilo Tarrazón. Los exhibidores han remarcado que "con esta ley no tendremos películas" y han advertido al Gobierno catalán de que "no utilice la lengua como herramienta política".

Hoy han parado todas las grandes salas y multicines de Cataluña, a excepción de pequeñas salas municipales y, en Barcelona, de los cines Alexandra y Lauren Films. En este último caso, Tarrazón ha precisado que "Lauren se ha manifestado en contra de la ley del cine, pero en su situación económica no se puede permitir cerrar un día".
En conversación con el presidente de la Academia del Cine Catalán, Joel Joan, Tarrazón ha expresado la posición del Gremio "en contra de la ley y a favor del cine y la industria cinematográfica catalana" y ha criticado la ausencia de diálogo por parte del Departamento de Cultura de la Generalitat, que no les ha llamado desde después del verano, ni siquiera cuando presentaron en diciembre su propuesta de una Red de Cines en Catalán, ha asegurado.

Actitudes incívicas
Respecto a las pintadas y pegatinas que han aparecido en las fachadas de algunos cines, Tarrazón ha comentado que respeta todas las opiniones "siempre que se hagan de manera correcta y que no se haga de manera injuriosa, como se ha hecho en algunas redes sociales, detrás de las cuales parece que está ERC". El Gremio, según Tarrazón, no descarta futuros nuevos paros y advierte de que están convencidos de que si recurren la ley ante la UE y la Organización Mundial del Comercio pueden ganar. El proyecto de ley del Cine de Cataluña, que impone cuotas del 50% de doblaje en catalán para aquellas películas que distribuyan más de 15 copias, previendo sanciones para quienes la incumplan de hasta 75.000 €.
En sus críticas, Tarrazón ha recordado que Cultura decide con las distribuidoras qué filmes se doblan y cuáles no: "Deberán explicar por qué el gran éxito de la temporada, 'Avatar' no se dobló al catalán, y de la misma distribuidora sí se dobló 'La edad de hielo 3'".

Actitudes sectarias
Este proyecto de ley se ha presentado sin buscar un acuerdo con el sector y sin que exista una demanda por parte del público, ya que en los últimos casos en los que ha habido más distribución de cintas dobladas al catalán que al castellano, la recaudación de éstas últimas fue 5 veces superior (por ejemplo la película de Woody Allen, “Vicky, Cristina, Barcelona”).

Algunas razones para estar en contra del proyecto de Ley del Cine de Cataluña
Las cuotas en el doblaje supondrán una reducción de ingresos, independientemente de las sanciones, para un sector ya de por si inmerso en una profunda crisis, lo cual puede implicar la destrucción de miles de puestos de trabajo.
Un informe económico elaborado por Josep Maria Gay, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la UB, anuncia que el sector pasará de ingresar 130 millones de euros a 70 millones, y de una cifra de 20 millones de espectadores se bajará a 10 millones. Con el endurecimiento de la propuesta de ley (las películas europeas quedan en el marco de 15 copias, pero todas las demás con versión al catalán al 50% a partir ya de la primera copia) las cifras se reducirían a 30 millones de euros de recaudación y apenas a cuatro millones de espectadores. Un auténtico cataclismo para el sector.

La imposición del catalán mediante sanciones es un flaco favor al prestigio y percepción social del idioma. La lengua catalana ha de ser percibida como un valioso patrimonio cultural y no como una obligación y una imposición.

El establecimiento de cuotas de 50% de doblaje en catalán no responde a una demanda del espectador catalán no satisfecha por las distribuidoras, sino a la voluntad política nacionalista de condicionar los usos lingüísticos de la sociedad en su aspiración de construir una Cataluña monolingüe, pasando por encima de la libertad de los individuos y prescindiendo de la riqueza cultural de otras lenguas.

La posición del PSC, hoy firme defensor de la medida mientras que se opuso a una equivalente cuando se encontraba en la oposición, demuestra la hipocresía de ese partido y su falta de principios, por una mera ambición de mantenerse en el poder con el apoyo de ERC.

La intervención de las instituciones públicas en el cine se han de centrar en incentivar una industria cinematográfica catalana y en fomentar la creación artística y su difusión. Así, lo que sí que debe hacer la Generalitat es facilitar la producción y distribución del arte, procurando que la lengua no sea un condicionamiento de la creación, teniendo en cuenta que, efectivamente, el catalán es una lengua con un fuerte arraigo en su ámbito de actuación y con mayores dificultades de distribución, sin que ello implique, lógicamente, la marginación en el uso de otras.

El doblaje del cine se lleva a cabo por criterios comerciales para acercar un producto a un mercado no familiarizado con el idioma original, pero desde un punto de vista artístico y cultural tiene más sentido que las instituciones públicas fomenten la versión original para preservar la integridad de la obra y promocionar el conocimiento de otros idiomas.

Porque puede provocar que las grandes majors estadounidenses no aceptarán la imposición del doblaje y pueden optar por no doblar, es decir, por no estrenar sus películas en Cataluña.

Resulta intolerable que el gobierno de la Generalitat priorice asuntos como el doblaje del cine cuando Cataluña es la comunidad en la que la crisis ha incidido más en el paro y en el producto interior bruto, no sólo porque desatiende las verdaderas prioridades de los ciudadanos, sino porque son medidas que en nada ayudan al tejido empresarial ni a la creación de empleo en un momento especialmente delicado.

La solidaridad con Haití pone en evidencia la falta de solidaridad en los entornos cercanos

La multitud de iniciativas solidarias y de apoyo a Haití que el terremoto ha suscitado demuestra la rápida y desinteresada respuesta de inmensas capas de la sociedad. La avalancha de apoyos e iniciativas, la importante inyección económica, ayudará enormemente a un país que se encontraba ya devastado antes del trágico terremoto.
La tragedia de Haiti también da pie a la reflexión. Si la situación de Haití es tan desesperada es porque suma tragedia sobre tragedia. Hoy centran la atención pero se volverá a olvidar como, el Tsunami o las continuas y casi nunca mencionadas inundaciones en Mozambique.
La solidaridad siempre esta bien, pero seria deseable como una práctica diaria que no sólo se demuestre hacia los que se encuentran lejos y en crisis tan llamativas como la actual, sino que sea una conducta habitual hacia todas las personas que formamos esta sociedad. No será tan públicamente notoria pero si socialmente más eficaz.
Es una incongruencia, dicho suavemente, que la mayor parte de la sociedad quiera ayudar a los haitianos, al tiempo que se quiere endurecer la ley de extranjería recientemente reformada. Que mientras se suceden iniciativas solidarias se den situaciones como las sucedidas en Vic o Torrejón, que hacen que afloren los discursos racistas y xenófobos; que mientras se ayuda a personas a miles de kilómetros otros, -y no solo "extranjeros" en las localidades donde residimos- pasen privaciones…

Centenario de la CNT 1910 – 2010

Durante 2010 se han programado más de cien actos, comenzando el 8 de enero de 2010 con un concierto del cantaor flamenco “El Cabrero”, que van desde el teatro, con Leo Bassi, con ciclo de humoristas y producción de una obra de teatro sobre Ferrer y Guardia a documentales sobre la memoria histórica reciente del sindicato; una nueva grabación musical de “Hijos del pueblo” y “A las barricadas” en el Conservatorio de Sarriko (Bilbao); la construcción de un monumento a los innumerables anarquistas fusilados que será instalado en Montjuich; la preparación de varias exposiciones (Anarcosindicalismo ayer y hoy, Vivir la Utopía, 1º de Mayo, etc.) y libros como el de “Cien imágenes para un centenario. CNT (1910-2010)”, hasta una historia de la CNT escrita y dibujada por Rai Ferrer, además de conferencias, sobre la solidaridad, el federalismo, la ecología, el feminismo, el amor libre, el antimilitarismo, el ateísmo, anticapitalismo, sin estado,… que, a través de diversos ejes, contarán con los principales expertos en el tema, tanto de dentro como de fuera del anarquismo, cine con ciclos históricos en las filmotecas. Y, en diciembre de 2010 el décimo Congreso de la CNT.

CNT va a realizar los actos conmemorativos de su centenario, la inestimable lucha de miles de personas que han sacrificado parte de sus vidas, o sus vidas enteras, para a lo largo de estos cien años dotarse de una herramienta ejemplar a seguir para la clase obrera mundial y la sociedad por su cultura, capacidad autoorganizativa, solidaridad, y realizaciones revolucionarias en pro de una sociedad antiautoritaria y solidaria: la sociedad anarquista.

1910 – 2010, el Centenario de la CNT conmemora la Revolución Social española de las Colectividades Libertarias, los Ideales sociales de libertad, igualdad, justicia, solidaridad y dignidad, realizados directamente por la sociedad trabajadora para destruir la explotación, la opresión, la ignorancia, el militarismo y las guerras.

Las corridas de toros No. Si los «correbous» -toros embolados o ensogados- que listos y “humanitarios” son los de la plataforma Prou!

Como se recordará, el Parlamento catalán dio luz verde a la tramitación de la ILP por una ajustada diferencia: 67 votos en contra de las corridas de toros en Barcelona, 59 a favor y cinco abstenciones. La mayoría de los diputados del PSC votaron a favor de la Fiesta, aunque en secreto, en un intento de poner sordina a la división. ERC e ICV apoyan la ILP.

La decisión del PSC de renunciar al voto secreto y apoyar en bloque la continuidad de las corridas de toros en Cataluña pone de manifiesto una vez mas, el camaleonismo político de este partido, que no duda inicialmente en dar libertad de voto, -asi contenta a las enconadas posiciones de sus militantes divididos en esta cuestión- y después visto el resultado cierra filas y anuncia que será la dirección quien tomará la decisión final. Esto sin embargo no da satisfacción a cantidad de gente del partido, aunque solo algunos se han atrevido a decirlo como el concejal y primer secretario del PSC de San Cugat; igual no se había enterado de la consigna del silencio, y seria bueno seguir el caso para ver si es represaliado. Las Juventudes del PSC que también están como colectivo por la prohición si han tomado nota y se han quedado mudas.

El PSC no quiere quedar como responsable de una prohibición que cada día está siendo contestada, por catalanes nacidos en Catalunya, y catalanes que lo somos por derecho y porque llevamos toda la vida aportando nuestro esfuerzo en esta tierra; la oposición a que se prohíba esta tomando dimensión internacional, como muestra el grupo de 133 políticos franceses, la mayoría del sur del país, que enviaron una carta a los 135 diputados de la Cámara catalana en la que "sin ánimo de meternos donde no nos llaman", dicen, les instan a "preservar los valores de libertad individual, de contraste de opiniones y de respeto a los gustos, aficiones y tradiciones culturales de cada uno". "A nosotros nos gustaría que rechazaran esta prohibición", concluyen.
Los políticos, entre los que figuran el presidente del Consejo General de los Pirineos Orientales, los 42 alcaldes de las ciudades taurinas del sur de Francia, 22 senadores y 68 diputados, recuerdan en su texto que en su país las corridas con muerte del toro, como en España están permitidas "en las zonas de tradición taurina ininterrumpida". "Es el caso del sur de Francia, donde en muchas localidades los toros representan uno de los espectáculos más multitudinarios del calendario festivo y una de las manifestaciones de catalanidad más importantes", precisan.
La carta destaca que "el Estado no debe erigirse en tutor de los ciudadanos imponiendo tradiciones o prohibiciones". "La norma debe ser el respeto a la diferencia y a la voluntad individual", dicen. Y añaden: "Si los toros dejan de gustar a una sociedad, se dejarán de organizar corridas y desaparecerán de forma natural". Este argumento, entre otros, es el que defienden la Federación de Entidades Taurinas y la Plataforma en Defensa de la Fiesta.

En el fondo de lo que se trata es que al margen de los prohibicionistas por convicción, la historia va de la mano del pulso que el sector de población independentista en Catalunya, mantiene contra el resto del Estado, que ellos llaman España. Para estas personas la prohición es una baza más para imponerse, para ganar. Lo plantean como una estrategia de batalla; por eso CiU –que no es la formación política más beligerante en este tema- dio libertad de voto a sus diputados porque la ILP de la plataforma «Prou!» exime de la prohibición a los «correbous» -toros embolados o ensogados-. Fuentes nacionalistas reconocen que, de haberse incluido estos espectáculos, abundantes en muchos lugares de Catalunya, habrían votado en favor del «no» o la abstención.